Por: Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón
Quienes hemos dedicado la vida entera al magisterio sabemos que la verdadera política educativa no se mide en los discursos oficiales, sino en la realidad cotidiana del salón de clases. A lo largo de 35 años de servicio en el sistema educativo, me ha tocado observar pasar decenas de planes sexenales, reformas curriculares y promesas de campaña. Esa trinchera de tres décadas y media enseña a distinguir con rapidez cuándo un gobierno entiende las dolencias de la escuela pública y cuándo se limita a administrar la inercia.
Tras el corte de su Quinto Informe de Gobierno al frente del Municipio de Chihuahua y ante su manifiesta intención de llevar sus programas insignia a los 67 municipios del estado rumbo al 2027, resulta indispensable analizar con rigor pedagógico qué podemos esperar de Marco Bonilla Mendoza si logra convertirse en gobernador de Chihuahua.
Desde mi experiencia en el nivel de secundarias y telesecundarias, sé que esa etapa representa el cuello de botella más crítico de nuestro sistema: es el momento exacto en que la precariedad económica empuja a los adolescentes al abandono escolar. Por ello, el primer rasgo previsible de un eventual gobierno estatal de Bonilla sería la universalización de un piso básico de retención escolar. En la capital, el programa Mi Bolsa Escolar escaló hasta dotar de mochilas y útiles gratuitos a más de 132 mil alumnos en 412 planteles —incluyendo todas las primarias y secundarias públicas, además de 27 preparatorias— con una inversión superior a los 70 millones de pesos. Si a esto sumamos cerca de 80 mil apoyos entregados en cinco años mediante Mi Beca Chihuahua —que tuvo el acierto técnico de becar en su modalidad de formación a los alumnos con promedios de 75 a 94, esos jóvenes constantes que suelen quedar fuera de las becas de élite—, vemos una política que alivia directamente el bolsillo familiar sin duplicar padrones federales. Escalar este modelo al ámbito estatal significaría quitarle un peso enorme a las familias de la sierra, el desierto y las zonas periféricas al inicio de cada ciclo lectivo.
Un segundo eje que conozco de primera mano como exdirectivo y exjefe de secundaria y telesecundarias es el viacrucis de la infraestructura y la seguridad de los planteles. Durante décadas, los directores hemos tenido que hacer malabares con las cuotas voluntarias de los padres de familia para levantar una barda, arreglar baños o gestionar una techumbre que proteja a los jóvenes del clima extremo de Chihuahua, además de sufrir el vandalismo en cada periodo vacacional.
En este rubro, Bonilla demostró que un gobierno local no tiene por qué cruzarse de brazos alegando que la infraestructura compete solo a la Federación. Mediante una alianza tripartita con el Gobierno del Estado y el empresariado organizado en FECHAC, conformó bolsas anuales cercanas a los 40 millones de pesos para rehabilitar escuelas, mientras que a través del Presupuesto Participativo —que creció de 127 millones en 2021 a una proyección de 570 millones de pesos para 2027— financió domos, canchas y salones de usos múltiples en decenas de preescolares, primarias, secundarias (como la Técnica 99, la Estatal 3060 o la Benito Juárez) y telesecundarias tanto urbanas como rurales. Asimismo, conectar 744 cámaras escolares a la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU) bajo el programa Escuela Segura Siempre y capacitar a figuras educativas en solución pacífica de controversias da respuesta a dos de las mayores angustias del magisterio actual: el robo patrimonial a los planteles y la violencia escolar.
Sin embargo, mis años recorriendo comunidades rurales y supervisando telesecundarias también me obligan a señalar un reto estructural si este modelo se traslada a la gubernatura. En la capital, muchas escuelas lograron obras millonarias movilizando a sus comunidades para reunir más de 3 mil votos en el Presupuesto Participativo. Pero a nivel estatal, una telesecundaria unitaria en la Sierra Tarahumara o una secundaria rural en un ejido despoblado jamás tendrán el volumen demográfico para ganar una elección comunitaria frente a planteles urbanos masivos. Si Bonilla llega a Palacio de Gobierno, la equidad educativa le exigirá no someter las necesidades básicas de las escuelas pequeñas a una competencia de votos, sino multiplicar los fondos compensatorios directos —como ya lo hizo parcialmente en el municipio inyectando 20.4 millones del FAISMUN y obras en ejidos como Estación Terrazas o Ciénega de Ortiz— para que ninguna escuela rural quede rezagada.
A la par de las obras físicas y los útiles, mi experiencia me enseñó una verdad impostergable: ningún adolescente puede aprender si carga en silencio con depresión, violencia familiar o acoso escolar. En esta dimensión socioemocional —donde los directivos y maestros solemos sentirnos solos ante la falta de psicólogos de planta—, la gestión de Bonilla sentó un precedente crucial al llevar a las escuelas tamizajes emocionales y atención en salud mental para más de 24 mil alumnos de secundaria a través del IMPAS, formar redes de 600 jóvenes promotores para la detección temprana entre pares, capacitar a casi mil figuras educativas en mediación pacífica de conflictos y otorgar apoyos económicos para terapias y medicamentos a estudiantes atendidos por las USAER. Si este acompañamiento clínico y preventivo —que la capital ya comenzó a compartir con municipios como Aldama— se convierte en política estatal desde la gubernatura hacia los 67 municipios, estaríamos ante la oportunidad histórica de dotar a cada secundaria y telesecundaria de brigadas psicológicas permanentes, prevención del suicidio y respaldo real a la educación especial, asegurando que la escuela pública chihuahuense no solo instruya mentes, sino que también contenga y salve vidas.
Finalmente, el aspecto más disruptivo que podríamos esperar de él como titular del Ejecutivo estatal es un replanteamiento de fondo sobre qué estamos enseñando. En Chihuahua enfrentamos una paradoja silenciosa: aunque somos una potencia exportadora, el 36.2% de nuestra población ocupada solo cuenta con estudios de primaria y secundaria, desempeñándose en empleos de baja remuneración.
Bonilla ha sido sumamente claro al señalar que los planes actuales de la llamada «Nueva Escuela Mexicana» están alejados de la realidad industrial de nuestra entidad. Su apuesta por pasar de la manufactura a la «mente de obra» o mentefactura —materializada en los Centros STEM para enseñar robótica, programación e inteligencia artificial a la niñez, y en la Universidad de las Mujeres, cuyo modelo ya comenzó a exportar a municipios como Meoqui con becas de hasta el 80%— anticipa cómo sería su gestión al frente de la Secretaría de Educación y Deporte. De llegar a la gubernatura, podemos prever un impulso estatal decidido para complementar el currículo obligatorio con enseñanza intensiva de inglés, tecnología, automatización y vinculación directa con la industria moderna.
Después de 35 años de escuchar el timbre escolar en aulas y direcciones, estoy convencido de que la educación en Chihuahua no necesita ocurrencias ideológicas, sino gerencia pública, sensibilidad social y visión de futuro. Lo hecho en la capital demuestra que existe un modelo probado de corresponsabilidad entre gobierno, padres de familia, maestros y sector productivo. El desafío, en caso de que las urnas le confieran la máxima responsabilidad del estado en 2027, será lograr que esa misma modernidad educativa llegue con idéntica fuerza tanto al plantel más grande de nuestras ciudades como a la telesecundaria más apartada de nuestra geografía chihuahuense.