El instrumento quedó publicado este sábado en el Periódico Oficial del Estado, mediante el Acuerdo 142/2026; contempla medidas de protección, acompañamiento jurídico y psicológico para el personal educativo ante situaciones de violencia, amenazas y conflictos relacionados con su labor
Luego de meses de exigencia, organización y lucha de maestras y maestros, este sábado 17 de octubre finalmente fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Protocolo de Protección Docente, una demanda impulsada desde las propias bases del magisterio chihuahuense para contar con mecanismos institucionales que brinden respaldo y protección a quienes desempeñan su labor en las escuelas.
El documento, identificado como Acuerdo 142/2026 e incluido en el Anexo 83 del Periódico Oficial, representa un avance para el reconocimiento de los derechos del personal educativo y responde a una exigencia que durante meses fue sostenida por docentes que demandaron condiciones de mayor seguridad, certeza jurídica y acompañamiento ante situaciones de violencia, amenazas y señalamientos relacionados con su trabajo.
La publicación constituye un paso relevante en una lucha que no surgió de manera espontánea ni fue resultado de una sola gestión institucional, sino de la organización y participación de maestras y maestros que insistieron en la necesidad de contar con un instrumento específico para atender la vulnerabilidad que puede enfrentar el personal educativo dentro y fuera de los planteles.
Uno de los antecedentes de este proceso fue el movimiento ¡Ya Basta!, integrado por docentes que comenzaron a organizarse desde 2024 para exigir respaldo institucional ante situaciones que, denunciaron, dejaban al personal educativo sin el acompañamiento necesario. A partir de la recopilación de firmas, la presentación de propuestas y el diálogo con actores legislativos, la demanda fue tomando forma hasta avanzar hacia la construcción de un marco de protección.
En marzo de este año, el Congreso del Estado aprobó el decreto relacionado con la protección de las personas trabajadoras de la educación. Posteriormente, las autoridades educativas trabajaron en la elaboración de los instrumentos necesarios para establecer las rutas de actuación, atención y acompañamiento, proceso que incluyó etapas de revisión y retroalimentación.
Con la publicación de este sábado, la exigencia da un paso fundamental: pasar del reconocimiento de la necesidad de proteger al magisterio a contar con un protocolo formal que establece procedimientos y mecanismos para atender este tipo de situaciones.
Entre sus principales alcances se encuentran mecanismos para prevenir, atender y canalizar situaciones de agresión, amenazas, acoso y otras formas de violencia relacionadas con el ejercicio de las funciones educativas.
El instrumento contempla distintas vías de actuación, dependiendo de la naturaleza y gravedad de los hechos, incluida la posibilidad de solicitar medidas cautelares cuando exista un riesgo grave o inminente, así como procedimientos ordinarios para atender situaciones persistentes de intimidación o acoso.
También establece mecanismos de acompañamiento jurídico y psicológico, coordinación entre las autoridades competentes y seguimiento institucional de los casos.
Otro de los aspectos relevantes es la atención de situaciones relacionadas con denuncias presuntamente infundadas o maliciosas, mediante orientación y acompañamiento conforme a los procedimientos previstos, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
La protección no se limita exclusivamente a quienes se encuentran frente a grupo, sino que comprende a las personas trabajadoras de la educación incluidas en el ámbito de aplicación del instrumento. Asimismo, pueden atenderse agresiones en entornos digitales o hechos ocurridos fuera del horario escolar cuando exista una relación directa con las funciones educativas.
La publicación del protocolo representa un logro para las maestras y los maestros que durante meses insistieron en que la protección del personal educativo debía traducirse en procedimientos claros, respaldo institucional y atención oportuna, sin menoscabar los derechos del alumnado ni de ninguna otra persona involucrada.
Sin embargo, el reto no concluye con la aparición del documento en el Periódico Oficial. Su aplicación efectiva, la coordinación entre las instancias responsables y el conocimiento de las rutas de atención serán determinantes para que las disposiciones se conviertan en herramientas útiles para quienes enfrentan situaciones de riesgo.
Para el magisterio chihuahuense, la publicación de este sábado marca un momento importante en una demanda construida desde las escuelas y sostenida por docentes que buscaron hacer visible una problemática que consideraban necesario atender.
A continuación la liga para consulta del acuerdo completo: