La gobernadora Maru Campos Galván atribuyó a decisiones tomadas sin su conocimiento dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) la crisis política derivada del operativo en la Sierra de El Pinal, donde participaron agentes estadounidenses. En entrevista con Latinus, la mandataria sostuvo que los acontecimientos de abril pasado dejaron al descubierto deficiencias en la comunicación y el funcionamiento de la institución, situación que derivó en cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades estatales y su coordinación con el Gobierno Federal.
Campos Galván responsabilizó al entonces titular de la Fiscalía, César Jáuregui Moreno, y a otros funcionarios de haber procedido sin mantenerla informada sobre las acciones relacionadas con el operativo. Según su versión, el caso evidenció situaciones internas que desconocía y abrió interrogantes sobre si decisiones similares pudieron tomarse anteriormente sin que llegaran a su conocimiento. La gobernadora consideró que la falta de información sobre asuntos de esa relevancia rebasó los límites de confianza y control que debían existir entre las dependencias estatales y el Ejecutivo.
La mandataria también señaló que la controversia la colocó en una confrontación con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al concentrarse en ella buena parte de las consecuencias políticas del caso. El episodio generó cuestionamientos por la presencia de personal estadounidense en territorio chihuahuense y por las circunstancias en que se desarrolló el operativo. Sobre estos hechos, la gobernadora informó que existen investigaciones tanto en la Fiscalía estatal como en la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos resultados serán relevantes para esclarecer las actuaciones de los servidores públicos involucrados.
En el ámbito estatal, Campos Galván reconoció la necesidad de corregir problemas de organización, disciplina y resultados al interior de la Fiscalía, además de fortalecer las áreas operativas y de inteligencia. La mandataria vinculó estos ajustes con la necesidad de mejorar la coordinación entre las corporaciones de seguridad y las autoridades federales. Mientras continúan las indagatorias, sus declaraciones fijan la postura del Gobierno estatal sobre una controversia que trascendió el ámbito de la seguridad y abrió un nuevo frente de tensión política entre Chihuahua y la Federación.