Madres de familia de la escuela primaria Revolución Mexicana 2646, ubicada en la colonia Crucero, al sur de la ciudad, tomaron las instalaciones durante las primeras horas de este miércoles para exigir la destitución de la directora, Verónica O., a quien señalan por presuntas irregularidades relacionadas con casos de bullying, discriminación, maltrato a estudiantes y falta de transparencia en el manejo de recursos. Las inconformes aseguraron que los conflictos se arrastran desde hace tres ciclos escolares y afirmaron que decidieron manifestarse ante la falta de respuestas a los reportes que, dijeron, han presentado ante autoridades educativas.
Entre las principales inconformidades expuestas se encuentra la falta de agua y de insumos para mantener en condiciones adecuadas los sanitarios utilizados por los alumnos. Las madres señalaron que los baños permanecen sucios y que, según sus testimonios, algunos menores han presentado infecciones en las vías urinarias. En contraste, acusaron que los sanitarios destinados al personal docente se encuentran en mejores condiciones. Por ello, solicitaron que se gestione la instalación de una cisterna y que las aportaciones de los padres de familia y los recursos gubernamentales se destinen prioritariamente a atender las necesidades básicas del plantel.
Otro de los señalamientos se relaciona con el presunto manejo irregular de las cuotas y otros ingresos escolares. Las manifestantes cuestionaron la compra de cámaras de vigilancia, pantallas para la dirección y una chapa cuyo costo, aseguraron, ascendió a seis mil pesos, mientras persisten las carencias en los baños. También pidieron aclarar el destino del dinero obtenido por la renta de la tienda escolar, la venta de materiales en desuso y distintas actividades de recaudación. Además, denunciaron que se les exige cubrir aportaciones que deberían ser voluntarias y mostraron mensajes en los que, según afirmaron, se condicionaría la entrega de materiales escolares a los pagos solicitados.
Las madres también acusaron presuntos actos de discriminación y represalias contra estudiantes cuyos padres han expresado inconformidades. Como ejemplo, relataron el caso de un padre de familia que, aseguraron, fue discriminado por sus tatuajes y cuyo hijo habría sido etiquetado por esa razón. Asimismo, denunciaron que algunos menores han sido señalados como problemáticos y excluidos de actividades como futbol, ajedrez y la escolta escolar, situación que atribuyen a los reclamos de sus familias. Una de las inconformes afirmó que fue retirada de grupos de WhatsApp relacionados con la escuela después de cuestionar una aportación económica, lo que consideró un intento por limitar su participación.
Entre los testimonios más delicados se encuentra el de una madre que denunció una presunta agresión física contra su hija por parte de una maestra que actualmente, según indicó, atiende al grupo de cuarto B. La mujer aseguró que el año pasado la docente forcejeó con la menor y le provocó arañazos en un brazo. También relató que anteriormente su hija habría sido objeto de amenazas de muerte escritas en los baños escolares, por lo que acudió a la dirección para solicitar una intervención, sin obtener, según su versión, una respuesta satisfactoria. Otras madres expusieron experiencias de presunto maltrato verbal, falta de supervisión y conflictos con docentes, además de señalar que algunos reportes presentados ante instancias educativas y de protección a menores no habrían derivado en soluciones que consideraran suficientes.
Las inconformes sostuvieron que la problemática no es reciente y que existen antecedentes desde los ciclos escolares 2023-2024. Una de las madres recordó que, cuando se desempeñaba como presidenta de la sociedad de padres de familia, denunció presuntos actos de hostigamiento contra ella y su hija, quien tiene una discapacidad neuromotora y epilepsia. Aseguró que presentó documentación y acudió al DIF municipal, al DIF estatal y a la Secretaría de Educación, pero que finalmente tuvo que cambiar a su hija de plantel. Las manifestantes también cuestionaron la participación de personal docente en el manejo de recursos de la sociedad de padres y pidieron que se revisen las cuentas, las actividades de recaudación y los procedimientos administrativos de la escuela.
Las madres afirmaron, además, que temen por la integridad de sus hijos y por posibles represalias debido a las denuncias realizadas. Según sus declaraciones, la directora les habría advertido en distintas ocasiones que contaba con contactos en el Gobierno del Estado, situación que, dijeron, incrementó su preocupación. Las manifestantes insistieron en que su objetivo es obtener una respuesta formal a los señalamientos, garantizar un entorno seguro para los estudiantes y lograr la salida de la directora, al considerar que los problemas no han sido atendidos pese a los acercamientos previos con las autoridades.
Aunque inicialmente cerraron el plantel, las madres decidieron abrirlo posteriormente para permitir que los alumnos ingresaran a clases y no afectar su derecho a la educación. A media mañana de este miércoles fueron escuchadas por el supervisor de la zona escolar, quien tomó nota de sus planteamientos. Las inconformes señalaron que esperan que la intervención derive en una revisión de los hechos y en soluciones concretas; sin embargo, advirtieron que, si sus peticiones no son atendidas, volverán a tomar las instalaciones.
