Por: Patricio Rodriguez Palma
Cada 12 de octubre, México recuerda una fecha cuyo significado ha cambiado con el tiempo. El antiguo Día de la Raza cedió su lugar al Día de la Nación Pluricultural, una denominación que reconoce la diversidad de los pueblos que conforman nuestro país. El cambio importa: obliga a mirar nuestra historia desde la perspectiva de quienes durante siglos fueron relegados de ella.
La llegada de los españoles en 1492 inició un proceso de conquista y colonización que transformó radicalmente la vida de los pueblos originarios. Se impusieron autoridades, leyes, lenguas y una religión; se despojaron territorios y se persiguieron creencias. Con el tiempo, la independencia de México puso fin al dominio colonial español, pero muchas de las desigualdades heredadas sobrevivieron. Los pueblos indígenas continuaron enfrentando discriminación, pobreza y exclusión de los espacios donde se toman las decisiones.
Han transcurrido más de cinco siglos desde la llegada de los conquistadores y todavía discutimos quién tiene derecho a ejercer el poder. La autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas siguen siendo tareas pendientes.
En Chihuahua, la discusión sobre la reforma electoral nos recuerda precisamente esa deuda. Las comunidades indígenas tienen derecho a participar en las decisiones que afectan su representación política. Cualquier modificación que pueda perjudicarlas debe respetar sus derechos y garantizar una consulta previa, libre e informada. Los derechos adquiridos y reconocidos constitucionalmente deben protegerse; ningún avance democrático debería convertirse en motivo para retroceder.
Los pueblos indígenas han demostrado que conocen sus necesidades, poseen formas propias de organización y tienen capacidad para decidir sobre su futuro. También han dejado claro que quieren participar directamente en las instituciones públicas. Queremos y podemos gobernarnos a nosotros mismos.
Esa aspiración tiene un significado particular en Guachochi, un municipio con una importante mayoría indígena y una historia ligada a la organización política de los pueblos de la Sierra Tarahumara. Resulta legítimo preguntarnos por qué la presidencia municipal no ha reflejado de manera sostenida esa realidad demográfica y cultural.
Guachochi tiene derecho a ser gobernado por un presidente municipal indígena. Entre los rarámuri hay personas preparadas, profesionistas y jóvenes con capacidad para asumir responsabilidades públicas. Merecen la oportunidad de encabezar su municipio, tomar decisiones y demostrar que pueden ejercer el poder con honestidad, conocimiento y compromiso con sus comunidades.
Esa representación debe ser auténtica, sin simulaciones ni candidaturas utilizadas para cumplir formalidades. Los pueblos indígenas deben poder elegir a sus representantes y tener una participación real en el gobierno.
El 12 de octubre nos invita a revisar una historia marcada por la conquista, el despojo y la resistencia. También nos recuerda que la dignidad de los pueblos se construye cuando recuperan la capacidad de decidir sobre su propia vida.
Después de tantos siglos de exclusión, es justo que los pueblos indígenas ocupen los espacios que durante generaciones les fueron negados.
Guachochi también pertenece a los rarámuri. Su derecho a gobernarlo forma parte de su derecho a decidir su propio destino
El IEE tendría que estar defendiendo tus derechos políticos y humanos hermanos, nuca más sin nosotros en todos los procesos electorales
“Napawika”
Tónachi Guachochi Chih a 12 de Octubre del 2026