Cansados de cinco años sin una solución y de los obstáculos que, aseguran, han frenado la recuperación de recursos, afectados por el fraude de ARAS Business Group cerraron este jueves los accesos a Palacio de Gobierno y la calle Aldama, donde advirtieron que intensificarán las protestas hasta ser atendidos por las autoridades estatales.
El abogado Felipe Acosta, quien representa a alrededor de 750 víctimas, afirmó que se han realizado más de 27 reuniones entre el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Gobierno estatal, sin resultados concretos para quienes esperan recuperar parte de su patrimonio. Recordó que el próximo 16 de noviembre se cumplirán cinco años de esta situación.
Acosta señaló que el número de bienes asegurados ha disminuido de manera considerable, al pasar de 122 a 112 y posteriormente a 79. De estos últimos, explicó, se autorizó la liberación de 39 y, después, de 18, aunque estos inmuebles todavía no han sido entregados físicamente al liquidador para su evaluación y eventual venta, pese a que ya existe una convocatoria relacionada con ellos.
El litigante estimó que las 18 propiedades podrían representar alrededor de 150 millones de pesos, aunque sostuvo que la Fiscalía ha argumentado la existencia de problemas legales y amparos para no liberarlas. Precisó que los recursos permitirían cubrir solamente una parte de los adeudos, por lo que insistió en la necesidad de avanzar también en la recuperación de otros bienes.
Como parte de sus exigencias, los manifestantes buscan una reunión con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, y el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz, para establecer acuerdos que permitan iniciar los pagos. Acosta aseguró que hace aproximadamente dos semanas y media plantearon como plazo el lunes 30 de noviembre para comenzar con las entregas de recursos, sin que hasta el momento exista una solución concreta.
El abogado también atribuyó parte de los retrasos a las dificultades en el procedimiento judicial para designar a un nuevo juez de ejecución, luego de que Juan Carlos Cerilles Fuentes se excusara del caso tras la denuncia presentada en su contra. Explicó que el expediente fue turnado a un magistrado, quien deberá determinar si otro juzgador asume el asunto o si se remite a un tercero.
Acosta indicó que la movilización busca presionar a las autoridades sin afectar innecesariamente a terceros, por lo que, de momento, mantienen cerrada únicamente la calle Aldama en el tramo relacionado con la protesta, mientras que las vialidades Venustiano Carranza y Canal permanecen abiertas. Asimismo, sostuvo que el movimiento pretende mantenerse al margen de intereses políticos y que no han permitido la participación de actores que busquen involucrarse en la manifestación.
Finalmente, advirtió que, si no reciben atención, las protestas continuarán el lunes e incluso podrían extenderse a las oficinas de Finanzas. El abogado afirmó que alrededor de 7 mil 150 personas figuran entre las víctimas y afectados, mientras que más de 9 mil 800 no habrían presentado denuncia, y cuestionó la falta de avances para localizar al principal responsable de ARAS. A su juicio, las autoridades todavía están a tiempo de destrabar el procedimiento y comenzar a resarcir, al menos parcialmente, el daño ocasionado a las víctimas.