Por: Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón
Apenas la semana pasada, la brutal realidad de la violencia escolar volvió a sacudir a México, recordándonos que las aulas, concebidas históricamente como refugios de aprendizaje, se encuentran hoy en una posición de extrema vulnerabilidad. Los recientes ataques armados registrados en Torreón y Querétaro no son hechos aislados, sino síntomas agudos de una crisis de salud mental y tejido social que nos ha rebasado, exigiendo respuestas institucionales mucho más contundentes que las buenas intenciones.
En la Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila, vivimos una escena de terror cuando dos jóvenes de 18 años, hermanos y exalumnos de la institución, irrumpieron en las instalaciones armados con machetes y explosivos caseros (petardos). El saldo de este ataque directo fue el trágico asesinato de la subdirectora del plantel, de 56 años de edad, quien intentó detenerlos, además de dejar a varios estudiantes y a un docente heridos. Por si fuera poco, casi en paralelo, la ciudad de Querétaro fue escenario de otro hecho alarmante, en el que un alumno de primer grado atacó con un arma blanca a un trabajador de apoyo y a compañeros de su secundaria.
En Chihuahua durante el ciclo escolar pasado, se registraron más de 40 amenazas de tiroteos o explosivos en planteles educativos, principalmente en secundarias, las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) determinaron que casi la totalidad de los incidentes derivaron de un reto viral en redes sociales. El modus operandi consistía en dejar mensajes anónimos en los baños (con frases como «tiroteo mañana» o «esta vez sí va en serio»), lo que detonó fuertes operativos en planteles como la Escuela Esfer (Plantel Kennedy) y la escuela Héroes de Nacozari.
Paralelo a las bromas virales, los conflictos de seguridad pública sí han forzado el cierre físico de aulas. En abril de 2026, 35 planteles de educación básica en Aldama tuvieron que suspender clases presenciales y migrar a la modalidad a distancia tras reportarse enfrentamientos armados y amenazas que circularon rápidamente en los grupos de mensajes de los padres de familia.
Estos episodios abren heridas profundas y nos remiten dolorosamente a tragedias previas que creíamos que marcarían un punto de inflexión definitivo, como el fatídico tiroteo de enero de 2020 en el Colegio Cervantes, también en Torreón, donde un alumno de 11 años asesinó a su maestra antes de quitarse la vida.
Frente a este panorama, la reciente implementación de la estrategia nacional «El ABC de las Emociones» por parte del Gobierno Federal representa un paso en la dirección correcta. Asignar una hora semanal en secundarias y bachilleratos para la alfabetización emocional, buscando desestigmatizar la salud mental y prevenir riesgos, es una política pública sumamente necesaria. El programa capacita a los docentes para actuar como «vigías» capaces de detectar cambios abruptos de conducta, aislamiento o signos de depresión temprana en los jóvenes, para así canalizarlos a los servicios de salud pública.
No obstante, las tragedias de Torreón y Querétaro ponen sobre la mesa una advertencia ineludible: la prevención temprana no basta cuando el riesgo ya ha escalado a la violencia física. De acuerdo con las primeras investigaciones, los hermanos agresores de la Secundaria 13 habían salido recientemente de un centro de rehabilitación (anexo) por problemas de salud mental. Esto evidencia una falla sistémica brutal en la red de seguimiento clínico y psiquiátrico del Estado.
Aquí es donde radica la exigencia principal: es imperativo diseñar, financiar y ejecutar protocolos de protección estrictos para docentes y alumnos. A los maestros se les está pidiendo que observen, escuchen y orienten a una generación atravesada por la ansiedad, la violencia digital y el aislamiento; sin embargo, no podemos exigirles que se conviertan en escudos humanos ante agresores armados o crisis psicóticas severas. Los docentes no son terapeutas clínicos ni guardias de seguridad, y dejarlos solos frente a emergencias de esta magnitud es una negligencia institucional.
«El ABC de las Emociones» es un excelente marco teórico y preventivo, pero requiere de un andamiaje real. Necesitamos que las escuelas cuenten con presupuestos etiquetados para integrar psicólogos y trabajadores sociales permanentes en los planteles, así como canales de comunicación directa y de reacción inmediata con las fuerzas de seguridad pública.
El Estado debe garantizar que pedir ayuda emocional sea un acto seguro, pero también debe asegurar que asistir a la escuela no represente un riesgo de muerte. No podemos permitir que el miedo se convierta en una materia más del currículo nacional. Proteger la vida de quienes enseñan y de quienes aprenden no es una opción; es la obligación más básica que tenemos como sociedad.