El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, afirmó que en Chihuahua existe preocupación por la posibilidad de que el crimen organizado tenga injerencia en los procesos electorales, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la reforma estatal relacionada con el denominado blindaje contra narcocandidatos.
El funcionario señaló que para los chihuahuenses resulta sorpresivo que tanto la Suprema Corte como diputados de Morena hayan rechazado, según su apreciación, una medida orientada a evitar que organizaciones criminales puedan influir en las elecciones y en la integración de los gobiernos.
De la Peña cuestionó que mientras desde distintos sectores se advierte sobre posibles injerencias externas en los procesos electorales, no se preste la misma atención a los antecedentes de entidades como Sinaloa, donde, afirmó, se han registrado presiones, secuestros y agresiones contra candidatos con el propósito de incidir en los resultados electorales.
Asimismo, hizo referencia a señalamientos y expedientes judiciales relacionados con actores políticos de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, respecto de presuntos vínculos con organizaciones criminales, aunque subrayó que se trata de acusaciones que deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.
El funcionario estatal sostuvo que Chihuahua continuará enfrentando al crimen organizado de manera frontal y aseguró que el Gobierno estatal mantendrá el objetivo de impedir que grupos delictivos tengan injerencia en la vida política y democrática de la entidad, en medio de la nueva iniciativa que busca retomar el blindaje electoral frente a los llamados narcocandidatos.