Por: Erika Gabriela González Gaytán
Hay noticias que merecen celebrarse, la creación del nuevo sistema de vivienda para las personas trabajadoras al servicio del Estado de Chihuahua es, sin duda, una de ellas. La legislación, derivada de la iniciativa presentada en meses pasados por la Diputada América Victoria Aguilar Gil ante la comisión de Trabajo y Previsión Social del H. Congreso del Estado, da vida al Instituto del Fondo Estatal de Vivienda, contempla mecanismos de financiamiento, arrendamiento social y adquisición o construcción de vivienda, y establece que las aportaciones del empleador a las cuentas individuales de vivienda forman parte del patrimonio de las personas trabajadoras, en respuesta a la demanda histórica de las bases trabajadoras.
La vivienda es una necesidad real y una demanda que durante mucho tiempo ha estado presente entre quienes trabajamos al servicio del Estado. Por eso, celebrar este avance es válido y necesario. Pero celebrar no significa dejar de preguntar. Y quizá ahí comienza la parte más importante de esta historia.
¿Qué estamos viendo y qué elementos todavía necesitamos conocer?
Existe un fenómeno que puede ayudarnos a entender lo que ocurre cuando una noticia contiene un beneficio visible, concreto y largamente esperado: el sesgo de atención.
No implica necesariamente que alguien esté intentando distraernos o ¿quizá sí? Lo cierto es que no necesitamos atribuir intenciones para reconocer que nuestra atención puede concentrarse en aquello que resulta más inmediato y atractivo, mientras otros elementos, menos visibles, quedan relegados a un segundo plano.
En este caso, la vivienda es la parte visible, pero detrás de ella existe todo un sistema que todavía tendrá que construirse. La legislación establece que el Consejo Directivo será la máxima autoridad del Instituto, también establece un Consejo de Administración integrado por cuatro personas: dos propuestas por el Ejecutivo Estatal y dos por parte de los representantes de las personas trabajadoras. Ese Consejo tendrá facultades importantes en materia de inversiones, financiamientos, presupuestos y reglas para los créditos y programas de vivienda.
Entonces aparecen preguntas legítimas:
- ¿Quiénes serán esos representantes?
- ¿Cómo serán designados?
- ¿Qué requisitos tendrán?
- ¿Cómo podremos conocer la legitimidad de esa representación?
No se trata de afirmar que exista una representación ilegítima, se trata de pedir que la legitimidad pueda conocerse y verificarse.
Otro aspecto que merece nuestra atención es que una parte importante del funcionamiento del sistema todavía tendrá que definirse: las reglas de operación, las cuales todavía están por construirse mediante disposiciones posteriores.
Los documentos legislativos aprobados contemplan un plazo de 190 días hábiles para que el Poder Ejecutivo presente el marco normativo necesario para su aplicación. Además, el Consejo de Administración tendrá facultades para aprobar reglas relacionadas con créditos, financiamientos, programas de vivienda, montos, tasas y plazos.
Eso significa algo muy sencillo: la discusión no terminó el día en que se aprobó la ley, en muchos sentidos, apenas comienza y aquí está una de las preguntas que considero más importantes:
¿Quiénes participarán en la construcción de esas reglas?
Porque no es lo mismo enterarnos de una decisión cuando ya está tomada que tener acceso a la información mientras todavía existe la posibilidad de aportar, cuestionar, proponer y corregir.
La propia legislación reconoce el derecho de las personas derechohabientes a recibir información suficiente sobre las condiciones jurídicas y financieras de los beneficios de vivienda.
Entonces, si hablamos de participación, necesitamos ir un paso más allá, no basta con que exista una convocatoria, necesitamos acceso efectivo a los espacios de información, análisis y participación, especialmente cuando muchas personas trabajadoras tienen responsabilidades laborales que pueden impedirles acudir a determinados horarios o reuniones.
La participación no puede convertirse simplemente en la posibilidad formal de decir que alguien fue convocado, tiene que existir una posibilidad real de participar.
Además, la legislación contempla diversos factores para las reglas de otorgamiento de créditos, entre ellos el tiempo de cotización, la situación de vivienda y el salario, asimismo, establece criterios de prioridad para determinados sectores, incluyendo personas trabajadoras que no cuentan con vivienda propia y aquellas con menores niveles salariales. Podemos reconocer que existen personas que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda y, al mismo tiempo, exigir que los criterios sean objetivos, públicos, transparentes y verificables. Necesitamos construir reglas que reconozcan las distintas realidades de las personas trabajadoras y que protejan los derechos de todas, porque priorizar no significa excluir.
También hay que mirar cómo se administrarán los recursos, la legislación contempla que el Instituto pueda constituir una empresa filial para la construcción de viviendas y también establece mecanismos de supervisión, auditoría y control.
Esto tampoco significa, por sí mismo, que exista una irregularidad.
Pero sí significa que debemos preguntar desde ahora:
- ¿Cómo se contratará?
- ¿Cómo se supervisará?
- ¿Cómo se auditará?
- ¿Cómo se informará a las personas trabajadoras?
- ¿Cómo podremos conocer los resultados?
La transparencia no debería aparecer cuando surge un problema, debe formar parte del diseño desde el principio y la transparencia no tiene por qué entenderse como desconfianza. Puede ser, precisamente, una manera de construir confianza y mientras tanto.
Pero Pensiones Civiles también merece nuestra atención, porque hay otro proceso que ocurre prácticamente al mismo tiempo. El 5 de junio de 2026, el Gobierno del Estado informó que la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado acordó realizar un estudio técnico sobre las implicaciones de la reforma constitucional en materia de pensiones y establecer una mesa de trabajo para evaluar posibles adecuaciones normativas.
Posteriormente, el 28 de agosto, El Diario de Chihuahua informó que PCE preparaba una reforma a su ley y una actualización del Reglamento del Servicio Médico, y que el anteproyecto comenzaba a presentarse ante sindicatos, organismos afiliados y fuerzas políticas. La misma información señalaba que se analizaban posibles modificaciones a las aportaciones, aunque todavía no existía un porcentaje definitivo.
Es importante reiterar que aún no se da a conocer el contenido definitivo de una reforma que tampoco se ha presentado ante el poder legislativo y por lo tanto no ha sido aprobada.
Por eso no corresponde anticipar sus efectos, pero sí corresponde preguntar.
- ¿Qué se está proponiendo?
- ¿Qué derechos podrían verse involucrados?
- ¿Qué aportaciones podrían modificarse?
- ¿Qué ocurrirá con los beneficiarios?
- ¿Cuáles serían las disposiciones transitorias?
- ¿Qué información tendrán las personas trabajadoras antes de que se establezca una posición institucional?
No se trata de rechazar una reforma que todavía necesitamos conocer, se trata de conocerla antes de decidir qué pensamos de ella.
¿2013–2014 debería enseñarnos algo? Aunque no necesitamos convertir la experiencia de 2013–2014 en una acusación permanente, tampoco deberíamos olvidarla. Las reformas que modifican derechos, aportaciones o condiciones de vida de miles de trabajadores no pueden analizarse solamente cuando ya están aprobadas y sus efectos nos alcancen.
Una de las lecciones que deberíamos conservar es precisamente esta:
- la información oportuna importa.
- La participación importa.
- La representación importa.
- Y también importa dejar constancia de cómo se tomaron las decisiones.
Porque la responsabilidad institucional es compartida.
Quienes formamos parte de espacios de representación tenemos responsabilidades que asumir. Pero precisamente por eso necesitamos información suficiente y oportunidades reales para analizar y participar.
No podemos guardar silencio cuando, teniendo responsabilidad de representación no se permite tener conocimiento, participación o posibilidad de deliberación.
Y a la vez, no podemos utilizar la falta de participación como excusa para desprendernos de las responsabilidades que sí nos corresponden, como lo es la misma exigencia de información.
Porque desde la representación ¿cómo podemos hablar de unidad, de participación, de verdadera representación si nosotros mismos no la promovemos seriamente?
Mientras que como Base no podemos exigir y defender la participación informada y, al mismo tiempo, esperar que alguien más piense por nosotros.
No podemos reclamar transparencia si nosotros no estamos dispuestos a leer, preguntar, contrastar información y escuchar posiciones distintas.
No podemos hablar de dignidad, democracia y representación si reproducimos simulaciones de participación o toma de decisiones colectivas cuando ya están tomadas de antemano o ser parte de diálogos en los que solamente esperamos se confirme lo que nosotros pensamos.
La participación que exigimos hacia afuera también tenemos que practicarla hacia adentro, sin simulaciones, sin manipulaciones, sin sustituir el pensamiento de las personas.
Entonces, ¿qué hacemos?
- Quizá la respuesta no sea esperar a que alguien nos diga qué debemos pensar.
- Quizá sea empezar a estudiar.
- Leer la ley.
- Revisar sus artículos.
- Conocer qué falta por reglamentar.
- Preguntar.
- Contrastar información.
- Escuchar diferentes posiciones.
- Y abrir espacios donde las personas trabajadoras puedan plantear sus dudas y construir propuestas.
No necesariamente necesitamos esperar a que exista una mesa institucional para empezar a pensar. Podemos comenzar desde ahora, de manera responsable y respetuosa, a generar espacios de análisis y conversación sobre vivienda, pensiones y las condiciones que nos afectan como trabajadores. Y si existen propuestas, podrán llevarse posteriormente a los espacios institucionales que correspondan. Porque participar no significa estar de acuerdo con todo. Participar significa tener elementos suficientes para formar una opinión propia y asumir responsablemente las decisiones que nos corresponden.
Celebrar también es cuidar, la vivienda merece celebrarse pero precisamente porque la consideramos importante, debemos cuidarla, cuidarla significa preguntar cómo se administrarán los recursos, quién representará a las personas trabajadoras, cómo se definirán los criterios de acceso, cómo se construirán las reglas, quién podrá participar en su elaboración, cómo quedará constancia de esa participación y cómo se garantizará que la información llegue oportunamente a quienes tienen la responsabilidad de representar y a quienes serán directamente beneficiados.
Celebrar un avance no significa entregar un cheque en blanco, celebrar no está peleado con preguntar, reconocer un logro no significa dejar de analizarlo y preguntar no significa estar en contra, significa querer y tener el compromiso de conocer.
Quizá hoy no necesitamos que alguien nos diga qué pensar, necesitamos información suficiente para pensar por nosotros mismos, porque una representación legítima no se construye solamente hablando en nombre de las personas, se construye creando las condiciones para que esas personas conozcan, participen, propongan y decidan con dignidad:
¿Sobre qué estamos construyendo nuestros juicios y nuestro futuro?
Fuentes
Congreso del Estado de Chihuahua. (2026). Ley del Instituto del Fondo Estatal de Vivienda para las Personas Trabajadoras al Servicio del Estado de Chihuahua [Dictamen DCTPS/23/2026].
Gobierno del Estado de Chihuahua. (2026, 5 de junio). Analiza Junta Directiva de PCE regularización de viviendas y reforma constitucional en materia de pensiones.
Carrillo, I. (2026, 28 de agosto). Alista PCE reforma a su ley. El Diario de Chihuahua.