Por: Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann
“La riqueza de información crea una pobreza de atención.” – Herbert A. Simon, Premio Nobel de Economía y pionero del estudio de la economía de la atención México acaba de dar un paso que toca uno de los conflictos más complejos de la educación contemporánea: quién gobierna la atención dentro de la escuela. El Consejo…
“La riqueza de información crea una pobreza de atención.” – Herbert A. Simon, Premio Nobel de Economía y pionero del estudio de la economía de la atención
México acaba de dar un paso que toca uno de los conflictos más complejos de la educación contemporánea: quién gobierna la atención dentro de la escuela. El Consejo Nacional de Autoridades Educativas acordó que en primaria y secundaria se restrinja el uso de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar; en media superior, cada comunidad educativa definirá sus reglas y, en educación superior, las instituciones conservarán su capacidad normativa. En Chihuahua, como en el resto del país, la instrumentación comenzará después de la publicación en el Diario Oficial y deberá acompañarse de asambleas informativas y adecuaciones jurídicas locales.
Durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, 565 mil 396 docentes participaron en la Consulta Nacional sobre el uso y regulación de dispositivos digitales. El 81 por ciento se manifestó a favor de contar con lineamientos y reglas que garanticen un uso seguro y con fines pedagógicos. El matiz importa: no fue una votación simple por “prohibir celulares”, sino una demanda de reglas. Entre los problemas señalados, 40 por ciento mencionó dificultades para mantener la atención, 38 por ciento interrupciones de las actividades, 34 por ciento abandono de espacios de convivencia y 38.7 por ciento la llegada al aula de conflictos originados en redes sociales. La discusión alcanza, por tanto, concentración, convivencia, disciplina, privacidad y vida emocional de la comunidad escolar.
México se incorpora además a una tendencia internacional acelerada. El monitoreo más reciente de la UNESCO de marzo de 2026 registró 114 sistemas educativos, equivalentes al 58 por ciento de los países, con alguna forma de prohibición nacional del teléfono móvil en las escuelas; en 2023 eran apenas 24 por ciento. No existe, sin embargo, una receta única: algunos sistemas restringen el teléfono durante toda la jornada, otros sólo en clase y otros contemplan excepciones médicas, de accesibilidad o pedagógicas. La propia UNESCO insiste en que limitar el dispositivo no debe significar abandonar la educación digital: los estudiantes necesitan aprender a usar tecnología, información, redes e inteligencia artificial de manera crítica y responsable.
La evidencia científica obliga a evitar triunfalismos. PISA 2022 encontró una relación consistente entre distracción digital y peores condiciones para aprender; la OCDE ha documentado que la distracción por dispositivos está asociada con menores resultados académicos. Pero la misma organización advierte que las prohibiciones son difíciles de aplicar y que no existe evidencia suficiente para afirmar que, por sí solas, mejoren automáticamente rendimiento, bienestar o salud mental. Un estudio británico con más de mil estudiantes de 30 escuelas encontró que las políticas restrictivas disminuían el uso del teléfono durante la jornada, pero no producían diferencias claras en bienestar mental ni reducían necesariamente el uso total fuera de la escuela. Investigaciones posteriores encontraron incluso conductas de compensación durante la tarde o la noche.
Ahí aparece la primera gran oportunidad y también el primer riesgo. Una regulación clara puede devolver continuidad a la clase, reducir interrupciones y recuperar espacios de conversación presencial. Para un maestro, varias interrupciones no son sólo segundos perdidos: cada una obliga a recomponer la atención del grupo, recuperar el hilo de la explicación y reconstruir el clima de trabajo. Si la norma logra sacar esa negociación cotidiana del terreno individual del docente y convertirla en un acuerdo institucional respaldado por las familias, puede liberar energía pedagógica hoy consumida en advertir, discutir y sancionar.
Pero puede ocurrir lo contrario si la política se diseña mal. Una investigación publicada en 2026 por la Universidad de Birmingham estimó que las escuelas secundarias estudiadas dedicaban más de cien horas semanales de trabajo del personal a gestionar las políticas sobre teléfonos. La advertencia importa para México: el maestro no debería convertirse en custodio de aparatos, responsable de daños o pérdidas ni árbitro permanente de conflictos con las familias. Para que la medida ayude al profesorado se requerirán procedimientos sencillos, responsabilidades institucionales claras y canales para emergencias que no recaigan exclusivamente en quien está frente al grupo.
Quedan preguntas que el acuerdo deberá responder. ¿Dónde se guardarán los dispositivos? ¿Qué ocurrirá con relojes inteligentes y otros equipos conectados? ¿Cómo se atenderán necesidades médicas, discapacidad y accesibilidad? ¿Podrá utilizarse un teléfono cuando el docente lo incorpore deliberadamente a una actividad pedagógica? ¿Quién responderá por pérdida o daño? ¿Cómo podrán las familias comunicarse ante una urgencia? ¿Hasta dónde puede intervenir la escuela sin vulnerar privacidad y datos personales? Mientras no conozcamos el texto completo publicado y su armonización local, cualquier respuesta categórica sería prematura.
Hay otra cuestión de fondo. Una escuela con menos teléfonos personales no puede convertirse en una escuela con menos tecnología. La Ley General de Educación establece el uso de tecnologías digitales para fortalecer los modelos pedagógicos, desarrollar habilidades y saberes digitales y formar también a maestras y maestros. México, además, firmó recientemente con la UNESCO una carta de intención para impulsar la transformación digital educativa y el uso ético de la inteligencia artificial. La coherencia de la política dependerá de distinguir entre limitar la hiperconectividad personal y fortalecer la alfabetización digital. El propósito no debería ser educar como si Internet no existiera, sino recuperar momentos en los que atención, conversación, lectura y razonamiento puedan desarrollarse sin la competencia permanente de una pantalla.
El verdadero examen comenzará después de la restricción. Habrá que medir si disminuyen las interrupciones, mejora la convivencia, se reducen conflictos derivados de redes sociales, aumenta el tiempo efectivo de aprendizaje y baja la carga disciplinaria de los docentes o simplemente cambia de forma. También habrá que observar lo que ocurre fuera de la escuela, porque varias horas sin teléfono no corrigen por sí mismas hábitos familiares, algoritmos diseñados para capturar atención ni jornadas nocturnas de conexión. Regular el celular puede ayudar a maestras y maestros si la norma les devuelve tiempo pedagógico en vez de entregarles una nueva tarea de vigilancia. Puede favorecer a niñas, niños y adolescentes si protege su atención sin negarles la formación digital que necesitarán para vivir en el mundo que ya existe. Y puede convertirse en una política educativa relevante si se comprende que el problema nunca fue solamente el aparato. Lo que está en juego es algo más valioso: la capacidad de la escuela para proteger el tiempo de aprender, enseñar a gobernar la propia atención y formar ciudadanos capaces de usar la tecnología sin quedar subordinados a ella. Porque la educación es el camino…