Pensiones Civiles del Estado (PCE) busca regularizar la situación de las viviendas ocupadas de manera irregular en el fraccionamiento de Chihuahua, donde algunas familias llevan entre cinco y nueve años habitando inmuebles que, de acuerdo con el director general del organismo, se encontraban abandonados, deteriorados y sin los servicios públicos correspondientes.
Heriberto Miranda, director general de Pensiones Civiles del Estado, explicó este viernes que la situación del fraccionamiento de Chihuahua es distinta a la de Cuauhtémoc, inmueble que fue el único que salió mediante un proceso de subasta, mientras que para la capital del estado se pretende avanzar por una vía de regularización directa con los ocupantes.
El funcionario señaló que PCE y la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi) ya han sostenido pláticas con las personas que se encuentran en ocupación irregular, con el objetivo de que puedan formalizar la adquisición de las casas mediante contratos de compraventa.
“La situación es diferente en el fraccionamiento de Chihuahua, que lo que se está buscando es regularizar”, explicó Miranda. Detalló que quienes actualmente ocupan las viviendas llevan varios años en ellas y que, cuando ingresaron, los inmuebles se encontraban en condiciones de abandono y deterioro, además de carecer de los servicios públicos correspondientes. Agregó que los propios ocupantes han realizado adecuaciones físicas a las viviendas durante el tiempo que llevan habitándolas.
Ante esta situación, indicó que el Gobierno del Estado, a través de PCE y Coesvi, se encuentra próximo a concretar un esquema que permita a estas personas firmar contratos de compraventa con Pensiones Civiles del Estado y, de esta manera, formalizar jurídicamente la propiedad de las viviendas.
Miranda precisó que el caso de Cuauhtémoc es diferente, al tratarse del fraccionamiento que salió mediante subasta. Sobre los recursos derivados de este procedimiento, aclaró que hasta el momento Pensiones Civiles del Estado habría recibido únicamente un anticipo de aproximadamente 4 millones de pesos, y no los 45 millones de pesos que se han mencionado.
Explicó que las condiciones de la subasta y el procedimiento jurídico y de licitación estuvieron a cargo de Coesvi, mientras que los contratos establecen los mecanismos para cubrir el resto del monto a favor de Pensiones Civiles del Estado.
“El anticipo son los 4 millones y posteriormente nos tienen que pagar el resto a Pensiones Civiles del Estado de la totalidad del recurso”, indicó. El plazo para cubrir la totalidad del pago, añadió, es de hasta un año, aunque la inmobiliaria puede realizar los pagos antes de ese periodo. “Puede ser en un mes, dos meses, pero tienen hasta el término de la administración para pagar esto”, precisó.
Respecto a los fraccionamientos de Delicias y Parral, el director de PCE dejó claro que el esquema que se pretende aplicar en Chihuahua no contempla, por ahora, la venta de las viviendas a los ocupantes de esos municipios.
No obstante, indicó que en el caso de Delicias están por comenzar las pláticas entre Coesvi y Pensiones Civiles para analizar la posibilidad de replicar un proceso de regularización similar al que se busca concretar en Chihuahua. Explicó que el fraccionamiento de Delicias presenta condiciones distintas, debido a que las viviendas están totalmente concluidas y cuentan con los servicios necesarios para ser habitadas. La intención, sostuvo, es recuperar el patrimonio de Pensiones Civiles y, al mismo tiempo, brindar certeza jurídica a quienes actualmente se encuentran en ocupación irregular.
Ante los señalamientos realizados por integrantes de la bancada de Morena respecto a un posible fraude en el procedimiento, Miranda rechazó que exista alguna irregularidad y aseguró que las actuaciones de Pensiones Civiles del Estado se han realizado conforme a la legalidad.
“Todo está completamente legal. Nosotros estamos haciendo cumplimiento a la legalidad”, afirmó.
Sostuvo que el objetivo del organismo es recuperar los bienes que corresponden a Pensiones y que, originalmente, las viviendas fueron concebidas como casas de interés social para facilitar el acceso a una vivienda a derechohabientes y habitantes de los municipios involucrados.
Recordó además que los inmuebles permanecieron durante años en condiciones de abandono y ocupación irregular, situación que, afirmó, se busca resolver.