Productores apícolas reportan el hallazgo de cientos de colmenas con toda la población muerta y con la cría y la miel intactas en los municipios de Meoqui, Rosales, Ojinaga, Camargo y Saucillo. Ellos lo atribuyen al uso de agroquímicos de amplio espectro en los campos vecinos. Hasta ahora, nadie responde por esas pérdidas.
Hay imágenes que no necesitan explicación. Frente a la piquera de un cajón, sobre la tierra seca, una alfombra oscura de abejas muertas; adentro, los cuadros todavía cargados de miel y de cría sellada. Distintos apicultores de Chihuahua han venido documentando con fotografías y videos el hallazgo de cientos de colmenas en esa condición, y coinciden en una misma causa probable: envenenamiento por agroquímicos utilizados en actividades de la región.
Quienes llevan años en el oficio explican que la escena tiene una firma reconocible. En un caso de envenenamiento, la población aparece muerta dentro y fuera de la colmena, mientras la cría y las reservas de alimento permanecen intactas. Es distinto de lo que ocurre en la enjambrazón, donde la colonia se divide naturalmente pero la población no desaparece; y también del abandono, cuando las abejas se retiran por completo del contenedor. En ninguno de esos dos casos queda una mortandad como la que se está fotografiando. Esa combinación —muerte súbita y masiva con alimento y cría sin tocar— es la que lleva a los productores a hablar de intoxicación y no de un problema de manejo.
Los hallazgos no se concentran en un solo punto. Los apicultores mencionan localidades como Potrero del Llano, en el municipio de Meoqui; Salón de Actos, en Rosales; los campos menonitas de la comunidad del Oasis, en Ojinaga, y predios en los municipios de Camargo y Saucillo. Es decir, un patrón que se repite a lo largo de la zona agrícola del estado, y no un incidente aislado en un solo apiario.
La explicación que ofrecen tiene que ver con la geografía del trabajo apícola. Las colmenas se colocan cerca de campos de cultivo, sea para alimentación de la propia colonia o porque se rentan para el servicio de polinización. Esa cercanía, que en teoría beneficia a las dos partes, se vuelve el principal factor de riesgo cuando en los predios se aplican productos como el malatión, ya sea por decisión de un productor agrícola en particular o dentro de campañas institucionales de control de plagas. El problema, señalan, es que se trata de sustancias no específicas: eliminan al insecto que se quiere combatir, pero también a una gran cantidad de especies, entre ellas la abeja melífera. La misma abeja que se contrata para polinizar el cultivo es la que termina muerta a unos metros de él.
Las pérdidas económicas se acumulan en varios frentes al mismo tiempo. Se pierden las poblaciones rentadas para servicios de polinización durante los meses de verano. Se pierde la posibilidad de llegar al invierno con colmenas de población estable, capaces de resistir las bajas temperaturas y la ausencia de floración. Y se pierde la miel, que no puede comercializarse cuando existe sospecha de contaminación por agroquímicos.
Para el productor, eso significa un ciclo de inversión continua: recuperar población, alimentar, reponer cajones y volver a empezar, sin que el ingreso del ciclo anterior alcance a cubrirlo.
A esa cuenta se suma un desequilibrio que los apicultores describen; en la contratación del servicio de polinización, la presión suele ir en un solo sentido: se les pide bajar el precio de la renta por colmena. Pero cuando las colmenas mueren después de una aplicación de agroquímicos en la vecindad nadie del lado agrícola asume el daño. El apicultor pone las colonias, las traslada, las alimenta, las cuida y, al final, absorbe la pérdida; el beneficio de la polinización, en cambio, se queda en el cultivo.
A este panorama se suma un reclamo que los apicultores repiten: la falta de respuesta del sector gubernamental frente al uso de estos productos en actividades agropecuarias. No existe, dicen, un mecanismo claro de aviso previo entre quien aplica y quien tiene colmenas cerca, ni una ruta accesible para reportar un caso, documentarlo y obtener alguna respuesta. Mientras tanto, el sector agrícola sigue enfrentando sus plagas con sustancias de amplio espectro.
Detrás de todo esto hay un vacío de fondo: los apicultores señalan que no conocen una figura de responsabilidad legal ni una sanción establecida para quien aplica un producto que termina matando colmenas enteras. Aunque la mortandad se documente con fotografías y se sepa qué predio se fumigó y en qué momento, no hay una vía clara para fincar responsabilidad a nadie ni para exigir la reparación del daño. Cuando las abejas mueren el hecho no tiene consecuencia jurídica para ninguna de las partes.
Lo que los productores apícolas están pidiendo es razonable y en su mayoría operativo: que se avise con anticipación cuándo y dónde se va a aplicar, que se privilegien productos más selectivos y horarios de aplicación con menor vuelo de abejas, y que exista un canal oficial para reportar y peritar los casos de mortandad. Sin ese mínimo de coordinación, lo que hoy se pierde son colmenas; mañana, lo que se resiente es la polinización de la que depende el propio campo chihuahuense, descartando que no se trata de un pleito entre apicultores y agricultores. Ambos dependen del mismo territorio y, en buena medida, uno del trabajo del otro.
Nota:
Este texto es un artículo de opinión elaborado a partir de testimonios, fotografías y videos aportados por productores apícolas de la región. Las causas señaladas corresponden a la interpretación de los propios apicultores con base en su experiencia de campo y no a un dictamen técnico o de laboratorio.