-Con sentencia definitiva de amparo No. 547/2026 del Juzgado de Distrito
-Se denuncia trafico de influencia y hostigamiento de quien preside la Comisión de Justicia del Senado de la República
La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua informa que dentro del Juicio de Amparo 547/2026, del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, a partir del 14 de agosto del año en curso, existe sentencia definitiva en la que se reconoció al Estado de Chihuahua como víctima a través de la Secretaría de Hacienda respecto al delito de Peculado Agravado por la desviación y disposición ilegal e irregular de los 98.6 mdp.
La FACH asegura que el Juez Federal Roberto Antonio Alcoverde cooptado por uno de los imputados que goza de inmunidad constitucional y además, preside la Comisión de Justicia del Senado de la República; el 24 de agosto de este mismo año, previamente notificado de su presunta violación a la suspensión definitiva otorgada al Estado de Chihuahua por un Juez de Amparo, aun y con eso, resolvió de manera ilegal, asumir competencia, despojando a la Secretaría de Hacienda de su calidad de víctima.
Por lo anterior, sostiene que el Juez Penal Federal, Alcoverde Martínez, se ubicó en el supuesto delictivo previsto en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo. Cabe señalar que este juzgador ya fue denunciado ante el Tribunal Federal de Disciplina con antelación, así mismo ya se ha denunciado la violación a dicha suspensión definitiva, pues insistió en desconocer el carácter de víctima a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua.
Por otro lado, denuncia el hostigamiento sistemático, con uso de tráfico de influencias de algunos funcionarios de la FGR y del Juez Roberto Antonio Alcoverde que, en colusión con uno de los imputados, tratan de intimidar la actuación de la Fiscalía Anticorrupción con requerimientos y resoluciones fuera del marco legal, con tal de obtener el objetivo central que es: La impunidad.
Agrega que cabe hacer mención que si bien, el Tribunal Colegiado resolvió el conflicto competencial de manera atípica, al confundir las participaciones con aportaciones Federales del sistema de recaudación y fiscalización de nuestro país, lo cierto es que se resolvió solamente a uno de los imputados J.C.J., con lo cual, ahí terminó dicho conflicto competencial.
Para la FACH las preguntas son muy sencillas: ¿De qué cuenta, y de dónde salieron los 98.6 millones de pesos?, ¿Por qué retorcer la ley y todo el sistema de fiscalización solo para proteger los caprichos de uno de los imputados?, ¿Les resulta muy complicado vivir en un Estado de Derecho…?
Por último, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua enfatizó que no se dejará intimidar y seguirá defendiendo con determinación y firmeza ante las últimas instancias, por la vía legal, los recursos que les pertenecen a los chihuahuenses y que indebidamente desviaron y dispusieron.