La maestra Dalila Flores Gutiérrez, integrante del movimiento Vocación Protegida, acudió a la Ciudad de México para solicitar respaldo y apoyo que permitan agilizar la aprobación de la iniciativa presentada el pasado 6 de julio ante el Congreso del Estado, encaminada a fortalecer la protección de los trabajadores de la educación ante denuncias falsas y agresiones.
Como parte de esta visita, Flores Gutiérrez acudió al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde expuso la situación que actualmente se vive en Chihuahua en relación con las acusaciones sin sustento y las agresiones físicas, verbales y digitales que, de acuerdo con el movimiento, enfrentan integrantes del magisterio en el desempeño de sus funciones.
Allí fue atendida por el maestro Juan Manuel Sánchez Ibarra, secretario Particular del secretario General del CEN del SNTE, el maestro Alfonso Cepeda Salas.
La visita a la capital del país se da luego de que el pasado 31 de julio representantes de Vocación Protegida entregaran más de 4 mil firmas de respaldo a la propuesta ante el Congreso estatal, recabadas entre trabajadores de la educación, madres y padres de familia y ciudadanía. La iniciativa busca reformar el Código Penal para agravar las sanciones en casos de amenazas y difamaciones sin fundamento cuando las víctimas sean trabajadores de la educación.
Desde el movimiento se ha insistido en que la propuesta no pretende impedir ni desincentivar las denuncias reales por posibles delitos, sino establecer mecanismos que permitan proteger a los docentes cuando sean objeto de acusaciones falsas utilizadas para dañarlos laboral o personalmente. Señalan que este tipo de situaciones puede derivar en afectaciones económicas, profesionales y familiares, además de generar largos procesos mientras se determina la veracidad de los señalamientos.
Con su presencia en la Ciudad de México, la maestra Dalila Flores Gutiérrez busca sensibilizar a instancias nacionales del magisterio y conseguir acompañamiento para que la iniciativa avance en el Congreso de Chihuahua. Vocación Protegida sostiene que es necesario contar con un marco jurídico que garantice tanto el derecho de estudiantes y familias a denunciar situaciones reales como la protección de maestras y maestros frente a señalamientos falsos, amenazas y distintas formas de agresión.