Tras la rueda de prensa ofrecida por el maestro Fernando Pacheco, en la que cuestionó y rechazó señalamientos realizados en torno al manejo de recursos de la Sección 42 del SNTE, el maestro Alonso Alvarado respaldó que – por parte del Comité Ejecutivo Seccional encabezado por el maestro Manuel Quiroz Carbajal y, en especial, por la secretaria de Finanzas y candidata oficialista, Gabriela Domínguez Franco, se pongan sobre la mesa las dudas que, dijo, tienen derecho a plantear los trabajadores agremiados.
A través de un videomensaje, Alvarado reconoció a Pacheco por haber salido a responder públicamente y señaló que este tema se ha venido revisando desde hace varias semanas, con la intención de contar con información y datos antes de realizar cualquier señalamiento.
Explicó que, de acuerdo con información que se ha difundido, durante cuatro años la organización sindical habría dejado de recibir aproximadamente 168 millones de pesos correspondientes a cuotas de jubilados, pero consideró necesario conocer también cuánto ingresó por concepto de cuotas de los trabajadores activos y, sobre todo, cómo fueron utilizados esos recursos.
En este sentido, indicó que se habla de alrededor de 115 millones de pesos provenientes de las cuotas de trabajadores activos y que, descontando el 40 por ciento que correspondería entregar al Comité Ejecutivo Nacional, quedarían aproximadamente 69 millones de pesos para la Sección 42.
Sin embargo, dijo que surge una interrogante al contrastar esa cifra con los aproximadamente 86 millones de pesos relacionados con el pago de una deuda del Fondo de Ahorro del SIMAP, por lo que pidió conocer de dónde provinieron los recursos adicionales utilizados para cubrir ese compromiso.
“¿De dónde salieron los recursos adicionales? Que nos expliquen si hubo otra fuente de ingresos. ¿Se utilizaron recursos de otros fondos? ¿Quién autorizó esos movimientos y bajo qué fundamento?”, cuestionó.
Alvarado centró además sus cuestionamientos en tres rubros: el Seguro de Aval, los Fondos de Previsión Social y el Fondo de Ahorro del SIMAP.
Sobre el Seguro de Aval, señaló que se ha hablado del retiro y utilización de una cantidad importante de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas, además de recordar que administraciones anteriores también habrían utilizado recursos de esa naturaleza.
No obstante, enfatizó que el hecho de que anteriormente se hayan realizado determinadas operaciones no significa que actualmente sean correctas, por lo que demandó conocer cuánto dinero fue retirado, quién autorizó las operaciones, cuál fue su fundamento y dónde se encuentran los documentos que las respaldan.
En cuanto a los Fondos de Previsión Social, indicó que también se ha señalado la utilización de recursos para financiar préstamos o atender necesidades relacionadas con el SIMAP, por lo que consideró indispensable precisar cuánto dinero fue utilizado, de qué fondo provino, quién autorizó las operaciones y si éstas se encuentran contempladas dentro de la normatividad correspondiente.
Asimismo, reclamó que se hagan públicos las actas, comprobantes y registros contables que permitan acreditar cada uno de los movimientos financieros.
Respecto al Fondo de Ahorro del SIMAP, reiteró que el dato de aproximadamente 86 millones de pesos destinados al pago de una deuda requiere una explicación completa, particularmente al contrastarlo con los cerca de 69 millones de pesos que, según sus cálculos, quedarían disponibles para la Sección 42 por concepto de cuotas de trabajadores activos.
Alvarado aclaró que sus señalamientos no constituyen una acusación directa de irregularidades, sino una exigencia de transparencia para que cada peso tenga un origen y un destino comprobables.
“No estamos acusando a nadie de cometer una irregularidad. Estamos pidiendo que los números cuadren y que cada peso tenga un origen y un destino perfectamente comprobable”, sostuvo.
El maestro consideró que quienes lleguen a la dirigencia de la Sección 42 deberán asumir el compromiso de revisar las cuentas de manera seria, técnica e independiente, sin importar si los recursos fueron manejados por administraciones anteriores o por la actual.
“Si todo está en orden, que se demuestre, y si existe alguna irregularidad, que se actúe conforme a derecho, sin importar quién las haya cometido”, afirmó.
Alonso Alvarado insistió en que los trabajadores tienen derecho a conocer el origen y destino de los recursos sindicales, así como las transferencias realizadas, quién las autorizó y bajo qué fundamento.
“Los números no tienen partido, no tienen candidato y no pertenecen a ningún grupo. Los números simplemente tienen que cuadrar”, afirmó.
Y remató: “La transparencia no se anuncia, la transparencia se demuestra”, al insistir en que los trabajadores de la Sección 42 tienen derecho a saber dónde está su dinero, de dónde salió y en qué fue utilizado.