Tras casi tres años de litigio, el Poder Judicial de la Federación resolvió a favor del Gobierno Municipal de Chihuahua en el conflicto legal relacionado con el proyecto del nuevo Relleno Sanitario Metropolitano en Mápula.
El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón, informó que el Juzgado Primero de Distrito emitió su resolución el pasado 10 de agosto, en la que negó el amparo respecto de la mayoría de los actos reclamados y validó la actuación del Municipio en diversas etapas del proyecto.
El funcionario explicó que el juicio fue promovido por propietarios de terrenos de la zona, quienes argumentaban una posible afectación al acuífero Villalba. Para resolver el conflicto se realizaron diversos dictámenes periciales en materia de geología, hidrología e ingeniería.
Fuentes Rascón señaló que la resolución establece que el predio no se encuentra en una zona prohibida, área natural protegida, planicie aluvial ni zona de recarga funcional del acuífero, además de que no se ubica sobre fallas geológicas.
Asimismo, afirmó que la resolución validó los permisos federales de cambio de uso de suelo, las autorizaciones urbanísticas municipales, la adquisición del terreno y el proceso de licitación de la obra.
“Hay una validación total a la actuación del municipio. El juzgado negó el amparo respecto de la gran mayoría de los actos reclamados y esto confirma sin matices que el predio no se ubica en una zona prohibida, no está en un área natural protegida, no está en una planicie aluvial, no está en zona de recarga funcional del acuífero ni sobre fallas geológicas”, declaró.
Sin embargo, el secretario aclaró que la resolución contempla una etapa técnica adicional antes de que el relleno entre en operaciones, relacionada con el permiso de impacto ambiental y que será desarrollada en coordinación con el Gobierno del Estado.
Explicó que estas medidas adicionales no representan un señalamiento de irregularidad contra el Municipio, sino un reforzamiento de las condiciones ambientales del proyecto, particularmente bajo el principio de precaución ante posibles riesgos hídricos.
Entre las medidas contempladas se encuentra el reforzamiento del sistema mediante una doble barrera de impermeabilización o una redundancia equivalente, así como la incorporación de un proceso de participación ciudadana en materia ambiental.
Fuentes Rascón destacó que, con esta resolución, el Gobierno Municipal obtiene una resolución favorable en el conflicto jurídico que mantenía con el empresario Eugenio Baeza Fares y propietarios de la zona, aunque todavía deberán cumplirse las medidas técnicas y ambientales establecidas antes de iniciar operaciones.