El desplazamiento forzado interno en el estado de Chihuahua ha alcanzado niveles críticos, registrando al menos 4 mil 492 personas desplazadas tan solo durante el año 2025, lo que advierte que la incidencia de este fenómeno se ha triplicado desde el 2021. De acuerdo con el reciente informe de la Misión Civil de Observación, la crisis humanitaria continúa en constante aumento, pues en julio de 2026 la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del estado reportó haber brindado al menos 5 mil «atenciones» a víctimas de este delito.
Las estadísticas del documento revelan que el municipio de Guadalupe y Calvo es el principal epicentro de esta emergencia, ya que tan solo de esa zona salieron mil 335 víctimas documentadas durante 2025. La situación se agravó a principios de 2026, cuando más de 600 personas de la seccional de Atascaderos tuvieron que huir hacia Hidalgo del Parral tras el asesinato de dos adolescentes y amenazas de reclutamiento forzado. De este grupo, un operativo gubernamental retornó a 200 personas en marzo sin un análisis de riesgo previo, lo que resultó trágicamente en el asesinato de una persona y la desaparición de otras dos al volver a su comunidad.
A pesar de la magnitud del éxodo, el informe documenta una impunidad sistémica casi absoluta, evidenciada en las 83 denuncias formales presentadas ante la fiscalía por este delito entre 2023 y septiembre de 2025. De estas querellas, 39 corresponden a Guadalupe y Calvo, 18 a Uruachi y 8 a Moris; sin embargo, de todas las investigaciones en el estado solo existen dos sentencias condenatorias que, además, no han sido cumplimentadas a cabalidad para reparar el daño a las familias.
El reporte detalla con cifras el impacto en otras poblaciones severamente golpeadas, como Moris y Uruachi, de donde 196 y 180 familias, respectivamente, huyeron en 2025 debido a ataques y bombardeos por parte del crimen organizado. En el caso de La Sierrita, 60 personas (nueve familias) desplazadas en junio de 2023 viven actualmente en condiciones de hacinamiento crítico en refugios de Delicias, con núcleos de hasta 14 personas compartiendo una sola habitación y sufriendo escasez de servicios básicos. Por su parte, la comunidad de Coloradas de la Virgen registra el asesinato sistemático de 10 de sus líderes comunitarios desde 2015.
Finalmente, las organizaciones civiles y colectivos que integran la Misión de Observación señalaron que el marco normativo actual es deficiente y se enfoca en un asistencialismo temporal de seis meses que no resuelve la pérdida de patrimonio de las víctimas. Ante esto, el informe exige la creación urgente de un registro estatal público de personas desplazadas que dimensione fielmente el fenómeno, ya que la opacidad institucional actual impide proteger a las familias que siguen siendo expulsadas por actores criminales que buscan controlar la tala ilegal, el agua y los territorios con concesiones mineras.