Por: Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón
Cuando acudimos a una institución de salud pública, depositamos nuestra salud, nuestra vulnerabilidad y nuestra confianza en la ciencia. Esperamos diagnósticos basados en evidencia empírica, protocolos rigurosos y tratamientos avalados por la medicina moderna. Sin embargo, en Chihuahua estamos presenciando una peligrosa y silenciosa infiltración del esoterismo y el pensamiento mágico en los espacios que deberían ser los bastiones de la razón médica.
El caso de Pensiones Civiles del Estado (PCE) es, francamente, alarmante. A través de sus medios oficiales, la institución anuncia que a partir de agosto impartirá cinco talleres de «Constelaciones Familiares», presentándolos como una acción para incidir en la salud integral y la calidad de vida de sus derechohabientes. Que el Estado utilice instalaciones gubernamentales, horas de personal asalariado y dinero de las cuotas de los trabajadores para legitimar una pseudoterapia no es una simple anécdota institucional; es un fracaso absoluto de la gobernanza clínica y una violación al derecho a recibir atención médica fundamentada.
Para quienes no estén familiarizados, las Constelaciones Familiares fueron concebidas por el alemán Bert Hellinger, operando bajo un marco completamente ajeno al rigor clínico. Instituciones de peso internacional, como el Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) y la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), han dictaminado con total contundencia que esta práctica no es una psicoterapia, carece de eficacia clínica comprobada y se sostiene sobre constructos metafísicos imposibles de verificar.
Pero el escándalo no radica únicamente en la ausencia de validación científica, sino en el profundo riesgo iatrogénico y la crueldad ética de sus postulados. Esta doctrina se basa en la idea de que el sufrimiento humano proviene de «lealtades invisibles» y transgresiones a los llamados «órdenes del amor». De manera perversa, el método traslada la culpa de las enfermedades o desgracias al propio paciente. Peor aún, en los escenarios de abuso, incluso el abuso sexual infantil, el enfoque hellingeriano presiona a las víctimas para que «honren» y exculpen a sus perpetradores en aras de sanar el sistema familiar. Se fuerza un perdón ciego que silencia a la víctima, ignora la justicia penal y siembra un terreno fértil para la revictimización y el trauma.
El efecto de que PCE patrocine esto es socialmente devastador debido a quiénes conforman su derechohabiencia: miles de servidores públicos y, de manera muy destacada, el magisterio estatal. Las y los docentes de Chihuahua no son solo pacientes; son el primer frente de batalla en las aulas para detectar violencia intrafamiliar, ideación suicida y abuso infantil. Si el Estado adoctrina a sus maestros con el dogma de que el abuso es una simple repetición kármica o un «desorden sistémico» en el que la víctima debe reverenciar al agresor, estamos desactivando a los principales protectores de la niñez chihuahuense.
En una época en la que el sistema de salud pública lidia con la escasez de medicamentos y presiones presupuestales inmensas, destinar un solo peso del erario a dramatizaciones esotéricas es una burla. Es imperativo que la Secretaría de Salud y las autoridades regulatorias intervengan.
Pensiones Civiles del Estado debe erradicar estas prácticas de inmediato y garantizar que su área de psicología se rija estrictamente por la evidencia científica. La salud mental de los servidores públicos de Chihuahua, y la de los estudiantes a los que forman a diario, es demasiado importante para dejarla en manos de la superchería.