El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco, salió este jueves al paso de la campaña que circula en redes sociales y de la convocatoria a una marcha para el próximo 1 de agosto contra el convenio de cooperación hídrica entre Chihuahua e Israel, al asegurar de manera categórica que el Estado no vende ni entrega agua a Israel, no existe privatización del recurso y el gobierno israelí no tiene ningún tipo de injerencia en la administración del agua en la entidad.
En una amplia conferencia de prensa, el funcionario explicó que el acuerdo firmado con la agencia Mashav, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, se limita exclusivamente al intercambio de conocimiento, capacitación y experiencias técnicas en materia de gestión hídrica, sin contemplar financiamiento, inversiones, construcción de obras, operación de infraestructura o participación de personal israelí en organismos estatales.
«No hay financiamiento internacional. No hay inversión extranjera. No hay ejecución de obras por parte de Israel. No hay personal israelita en nuestras instalaciones. La mayoría de nuestros cursos han sido por medios digitales y es únicamente conocimiento», enfatizó.
Mata recordó que Chihuahua enfrenta una condición permanente de estrés hídrico y que desde 2017 trabaja en el Plan Estatal Hídrico 2040, elaborado junto con Conagua, especialistas y sociedad civil, cuyo objetivo es garantizar la seguridad del agua para las futuras generaciones mediante innovación y planeación de largo plazo.
En ese contexto, sostuvo que Israel representa uno de los mayores referentes mundiales en administración del agua en zonas desérticas, por lo que Chihuahua únicamente adapta experiencias exitosas a su propia realidad.
El titular de la JCAS rechazó también las versiones que afirman que el convenio abre la puerta a la privatización del servicio.
«Es totalmente imposible en Chihuahua», afirmó, al recordar que la Constitución del Estado y la Ley del Agua impiden esa posibilidad, además de que los organismos operadores son administrados por consejos con mayoría ciudadana.
«Los chihuahuenses son quienes realmente administran el agua. Ellos aprueban presupuestos, programas de operación y supervisan el funcionamiento de los organismos. No existe la más mínima posibilidad de privatizar», sentenció.
Como parte de su exposición, Mata presentó el oficio mediante el cual la Secretaría de Relaciones Exteriores tomó nota y dio por concluido favorablemente el procedimiento administrativo del convenio firmado en 2023, documento que, dijo, demuestra que el acuerdo fue revisado y autorizado conforme al marco legal mexicano.
Asimismo recordó que México mantiene relaciones institucionales con Israel desde hace décadas mediante diversos convenios y tratados internacionales, entre ellos un tratado de libre comercio vigente, acuerdos de cooperación técnica, cultural, aduanera, fiscal y de transporte aéreo, por lo que calificó de falsas las versiones que presentan el convenio hídrico como un hecho extraordinario o ilegal.
Incluso recurrió a la ironía para responder a quienes afirman que Israel «se lleva el agua de Chihuahua», al bromear que, si fuera cierto, tendría que hacerlo «por las nubes» aprovechando el acuerdo de servicios aéreos existente entre ambos países.
Respecto a la marcha convocada para el 1 de agosto, aseguró que quienes deseen manifestarse están en su derecho, aunque sostuvo que antes deberían acercarse a conocer el contenido real del convenio.
«Si quieren seguir adelante con la marcha, adelante. No les hace falta. Ahí está mi despacho; podemos explicarles paso por paso qué hace este convenio y cómo beneficia a Chihuahua», expresó.
Mata lamentó la desinformación difundida en redes sociales y pidió a quienes encabezan las críticas acudir directamente a la JCAS para revisar el convenio y conocer los proyectos que actualmente desarrolla el organismo en materia de reutilización de agua, eficiencia hidráulica, potabilización, tratamiento de aguas residuales, cosecha de lluvia y recuperación de acuíferos.
«Yo prefiero correr el riesgo de la libertad de expresión antes que la censura, pero sí les pediría que no desinformen. No hay una sola decisión sobre el agua en Chihuahua que no sea tomada por chihuahuenses», concluyó.