Por: Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón
Apenas a mediados de abril de este año, la Secretaría de Educación Pública presumía con bombo y platillo sus «10 acciones» para integrar el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en las universidades mexicanas. El discurso oficial nos dibuja un país a la vanguardia, preparado para que sus estudiantes compitan en la era de los algoritmos y la automatización. Sin embargo, hace un par de semanas, la promulgación de la primera encíclica del Papa León XIV, Magnifica humanitas, nos devolvió de golpe a la realidad terrenal: la tecnología no es neutral, y su imposición acrítica, cuando ignora la injusticia social y material, no es progreso, sino la construcción de una nueva y excluyente Torre de Babel.
Al analizar la realidad educativa en nuestro país, y particularmente en la vasta y compleja geografía del estado de Chihuahua, resulta inevitable sentir un profundo escozor ante la disonancia de nuestras autoridades.
Mientras en los foros de la capital se debate sobre la literacidad algorítmica y la gobernanza de la IA, en el México real el 70.7% de las escuelas públicas de educación básica y media superior carece de conexión a internet, y un 53.7% ni siquiera cuenta con computadoras para uso pedagógico. En las zonas urbanas de Chihuahua, la brecha didáctica duele y expone el abandono estructural de nuestro magisterio.
Estudios recientes nos muestran que el profesorado de las primarias públicas no está clamando por diplomados en machine learning, sino por supervivencia básica: el 46.09% de los maestros que demandan capacitación piden cursos elementales sobre cómo usar Word, Excel y PowerPoint.
Exigirles que guíen a los alumnos en el intrincado mundo ético de la inteligencia artificial cuando el sistema los ha dejado rezagados en la ofimática más elemental es, francamente, una burla institucional.
Pero si volvemos la mirada hacia las barrancas de la Sierra Tarahumara, el «avance digital» se transmuta en una burocracia punitiva y cruel. Allá, la imposición de controles centralizados obliga a los maestros rurales e indígenas a llenar bitácoras a través de internet cada quince días como requisito ineludible para poder cobrar su modesto sueldo.
El gobierno parece ignorar que en esas comunidades remotas no hay señal celular, obligando a los docentes a abandonar sus aulas y viajar hasta cinco horas solo para encontrar un cibercafé o un banco. A esto se suma la peor de las barreras: el terror impuesto por el crimen organizado, que ha puesto a miles de niños y jóvenes indígenas en riesgo inminente de reclutamiento forzado, amenazando su derecho más básico a la vida y a la educación.
El Papa León XIV, en el párrafo 146 de su encíclica, nos lanza una advertencia que debería resonar en las oficinas de la SEP: si no estamos atentos, corremos el riesgo de crear un sistema educativo donde el flujo incesante de información sustituya por completo la reflexión, la investigación y el discernimiento verdadero. El Pontífice convoca a una «alianza educativa» global que proteja a los jóvenes de la sutil seducción de una máquina que hace parecer inútil el pensamiento humano.
Llenar las escuelas con promesas de conectividad satelital y discursos sobre el bachillerato del futuro no sirve de nada si el entorno está marcado por la violencia extrema y la precariedad salarial de los docentes. Si no garantizamos primero la seguridad, la infraestructura básica y la dignidad laboral de quienes están frente a las aulas, la cacareada revolución de la inteligencia artificial solo servirá para automatizar nuestra desigualdad.
Necesitamos menos espejismos digitales y más justicia social en las escuelas.