Por segundo día consecutivo, Virginia Márquez, identificada como lideresa de la colonia Ladrilleros Norte, encabezó este viernes el cierre de la calle Aldama, frente a Palacio de Gobierno, acompañada por apenas cinco personas, provocando nuevamente afectaciones a la circulación vehicular en pleno Centro Histórico y el malestar de cientos de conductores y ciudadanos que diariamente transitan por la zona.
La manifestación tiene como origen supuestos incumplimientos de apoyos y gestiones por parte de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI), la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.
Al respecto, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, señaló que la prioridad de la administración estatal es garantizar la movilidad de los ciudadanos y consideró que la inconformidad por los bloqueos es generalizada.
“Creo que lo más importante que tenemos que hacer es garantizarle la movilidad a los ciudadanos que transitan por el centro de la ciudad. La molestia es generalizada, no creo que sea exclusiva de los que venimos aquí todos los días”, expresó.
El funcionario manifestó que llama la atención que las inconformidades planteadas por las manifestantes corresponden a diversas dependencias gubernamentales y no a la Secretaría General de Gobierno, por lo que consideró que existe una intención deliberada de involucrar a determinados funcionarios en demandas que se originaron en otras áreas.
“Se tienen temas pendientes con Desarrollo Humano, con COESVI, con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y con otras dependencias. Sin embargo, parece que es un acto deliberado para involucrar a ciertos funcionarios, en este caso a un servidor, ante trámites o demandas que se han originado en otras áreas de gobierno”, afirmó.
De la Peña invitó a las personas inconformes a acudir directamente con los titulares de las dependencias donde tienen pendientes sus gestiones, en lugar de afectar a terceros mediante bloqueos en una de las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad.
“Yo invito a las personas que se están manifestando a que, en lugar de colapsar y echarle a perder el día a muchos ciudadanos, vayan e insistan con los secretarios o funcionarios de gobierno que les han incumplido en promesas o gestiones”, sostuvo.
El secretario señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por las propias manifestantes, las demandas se relacionan con la entrega de despensas, descuentos en recibos y apoyos habitacionales que no han sido autorizados.
En este sentido, reveló que el titular de COESVI explicó que las solicitantes no acreditan la posesión legal de los predios donde habitan, requisito indispensable para acceder a determinados programas de apoyo.
“Lo que pareciera es que estas personas, ante la imposibilidad de hacer su gestión de manera legal, quieren presionar al gobierno para que les entregue un apoyo para el cual está impedido de hacerlo porque incumple con las reglas”, declaró.
Agregó que los apoyos gubernamentales deben entregarse únicamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos y advirtió que ninguna manifestación puede obligar a la autoridad a cometer actos contrarios a la normatividad.
“Quien cumpla con las reglas debe recibir los apoyos para los que están diseñados. Si estas personas no quieren o no pueden cumplir con los requisitos, hay que explicárselos, pero no cabe que quieran forzar al gobierno mediante una manifestación para cometer un acto ilegal”, enfatizó.
Respecto a la posibilidad de retirar el bloqueo mediante la intervención de la fuerza pública, De la Peña reconoció que se trata de una opción contemplada por la autoridad, aunque dijo esperar que no sea necesario llegar a ese escenario.
“La fuerza pública siempre es una posibilidad. Yo espero que no tengamos que llegar a eso. Debemos activar todos los canales para construir una salida negociada, siempre y cuando no se pretenda acorralar al gobierno para que incumpla con la ley”, manifestó.
No obstante, advirtió que el interés colectivo debe prevalecer sobre las demandas particulares.
“Siempre es una posibilidad que se retire a estas personas, porque por encima del interés particular de ellas está, por supuesto, el interés de los ciudadanos”, concluyó.