Por: Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón
Imaginemos un escenario aterrador pero cotidiano: más de veinte alumnas, en su mayoría menores de edad, denuncian ser víctimas de acoso y violencia por parte de un compañero mayor de edad dentro de su preparatoria. La escuela actúa, separa al alumno y da aviso a las autoridades. ¿El resultado? El presunto agresor es exonerado por las autoridades y un juez civil condena a la escuela a pagarle una indemnización millonaria. Esto no es ficción; es el caso real del Instituto Tesla en Ciudad Juárez, una cruda radiografía de cómo nuestro sistema puede fallarles a las víctimas y castigar de forma ruinosa a quienes intentan protegerlas.
El conflicto estalló en mayo de 2022 cuando Sergio S. M., entonces alumno de sexto semestre, fue señalado por una veintena de estudiantes por conductas de hostigamiento y abuso. Las directivas del colegio, en un intento por contener la crisis y proteger a las menores, lo dieron de baja, pero en el proceso cometieron un error administrativo que sellaría su destino: se negaron a entregarle sus certificados de estudio.
A partir de ahí, se desató una verdadera cadena de negligencias institucionales. Primero, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de la Mujer falló estrepitosamente en probar el caso, lo que derivó en que un juez penal no vinculara a proceso al joven. Acto seguido, los asesores jurídicos de las víctimas cometieron una pifia imperdonable al no apelar la decisión, permitiendo que la exoneración del señalado quedara firme de forma definitiva.
Con la absolución en la mano y bajo el argumento de que la retención de su certificado le había impedido ingresar a una universidad de prestigio en los Estados Unidos, el exalumno demandó por la vía civil, exigiendo una compensación por daño moral y afectación a su proyecto de vida.
El pasado 29 de mayo de 2026, el juez civil José Chaparro Sánchez dictó una sentencia que raya en lo confiscatorio, condenando al Instituto Tesla al pago de 21 millones de pesos.
En esta tragedia jurídica, todos los actores fallaron. Las autoridades de procuración de justicia exhibieron su incapacidad técnica para defender a mujeres violentadas. La escuela pecó de ignorancia administrativa, olvidando que las normativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) prohíben estrictamente retener documentos oficiales de certificación, incluso frente a expulsiones o adeudos.
Sin embargo, el despropósito mayor recae en el juzgado civil. Al dictar una condena de 21 millones, el juez tasó de forma irreal la capacidad económica de un colegio local y ponderó excesivamente el supuesto daño al agresor exonerado, ignorando atenuantes fundamentales, como el hecho de que la escuela actuaba presionada por la obligación legal y moral de salvaguardar la integridad física de sus estudiantes.
Las implicaciones de este fallo trascienden a Ciudad Juárez y sientan un precedente de «efecto inhibidor» que aterra. Como bien advirtió Verónica Suchil Peña, directora del plantel, el mensaje que envía esta sentencia es desolador: corporativamente, es más seguro ignorar las denuncias de acoso que actuar en defensa de las víctimas.
Si la aplicación de una medida precautoria puede significar la quiebra y la desaparición de un centro educativo por las demandas de quienes tienen los recursos para litigar, las escuelas optarán por la ceguera institucional.
Este caso también desnuda las graves deficiencias y la vulnerabilidad en la aplicación de los protocolos en el nivel medio superior. Si bien la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar del Estado de Chihuahua obliga a las instituciones de educación básica y media superior a difundir y aplicar protocolos para garantizar un ambiente seguro y tomar medidas para preservar la integridad de los estudiantes, en la práctica las escuelas quedan abandonadas en un fuego cruzado. Por un lado, el Estado les exige separar al presunto agresor de manera inmediata; por el otro, se arriesgan a ser aniquiladas en tribunales si, por falta de asesoría especializada, violentan el debido proceso del estudiante privado del servicio o infringen reglas administrativas.
El caso Tesla no es solo un pleito por dinero entre particulares. Es un grito de alerta sobre un sistema asimétrico que invisibiliza a más de veinte jóvenes valientes que denunciaron y premia la negligencia de las autoridades. Si las instancias de apelación no corrigen esta desproporción mediante un amparo, estaremos firmando un cheque en blanco para la impunidad y la inacción en las aulas de todo el país. La justicia no puede, bajo el cobijo del «daño moral», convertirse en el verdugo de quienes intentan detener la violencia de género.