Ciudad de México. – El senador Javier Corral Jurado anunció su decisión de desistirse de la impugnación presentada en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respecto a los hechos relacionados con el intento de su detención el 14 de agosto de 2024 en la Ciudad de México.
Según el comunicado conjunto del senador y su asesoría jurídica, difundido por Schutte & Delsol Abogados, la decisión responde a la distorsión informativa generada alrededor del asunto y a la utilización mediática y política del caso.
El senador Corral señaló que no contribuirá a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos en la campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien acusó de actuar con un doble rasero: en la Ciudad de México ha tomado el trámite judicial como un acto de persecución política, mientras que en Chihuahua lo presenta como una prueba de exoneración.
El comunicado indica que la determinación de no ejercicio de la acción penal quedará firme respecto de los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2024. No obstante, añade que el montaje contra Javier Corral no comienza ni termina ahí. Señala que los diversos delitos cometidos en su contra con el actuar concertado e ilegal de autoridades ministeriales, judiciales, de fiscalización superior, así como del poder ejecutivo del estado de Chihuahua, continúan bajo investigación ante la Fiscalía General de la República por las denuncias presentadas, entre otros, por el propio Javier Corral y por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El documento expresa que la sociedad mexicana está cansada de la utilización política del sistema de justicia y tiene derecho a una investigación exhaustiva, a una actuación con debida diligencia y a conocer, con pruebas, quiénes se conducen con rectitud y quiénes se esconden detrás de la mentira y la manipulación.
Por ello, el senador y su asesoría llamaron a que se investiguen a fondo los dos lados: tanto las acusaciones contra la administración del ex gobernador Javier Corral, como la instrumentalización y uso faccioso de las instituciones del estado para fines políticos por parte de la actual administración del estado de Chihuahua, garantizando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.