El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, aseguró que el equipo legal de la gobernadora Maru Campos Galván detectó “inconsistencias” en el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República y no descartó que pudiera configurarse incluso un delito por parte de los funcionarios involucrados en su elaboración y notificación.
Lo anterior, tras ser cuestionado sobre si los abogados de la mandataria estatal habían interpuesto ya alguna denuncia derivada del citatorio girado a Campos Galván para comparecer este miércoles.
“Lo que yo he escuchado del equipo legal que acompaña a la gobernadora en este tema es precisamente que derivado del citatorio se advirtieron algunas inconsistencias”, señaló el funcionario estatal.
De la Peña explicó que en el documento se invocan artículos relacionados con personas en calidad de imputadas, mientras que al mismo tiempo se habla de una entrevista o declaración, situación que, dijo, genera contradicciones jurídicas.
“Por otro lado, se le cita a la gobernadora ignorando su condición de fuero constitucional y su inmunidad procesal, y alguna otra serie de errores que se le encontraron al documento”, manifestó.
Incluso, sostuvo que dichos errores podrían derivar en responsabilidades legales para quienes elaboraron el citatorio.
“Al cometer estos errores en la emisión y en la notificación de este citatorio pudiera configurarse un delito incluso por parte de los funcionarios involucrados por estar desobedeciendo el Código Nacional o bien la Constitución y requiriendo a la gobernadora ignorando y violentando su fuero constitucional”, afirmó.
No obstante, aclaró que hasta el momento desconoce si ya fue presentada formalmente alguna denuncia, aunque reconoció que esa posibilidad sí está siendo analizada por los abogados de la titular del Ejecutivo estatal.
“Yo me pondría en manos de los abogados, serán ellos quienes valoren. Hasta este momento desconozco si se presentó o no una denuncia, pero es algo que efectivamente se está valorando”, expresó.
Cuestionado sobre si el fuero constitucional impediría llamar a declarar a la gobernadora, De la Peña insistió en que el problema radica en la contradicción técnica del documento.
“No es que el fuero lo impida o no, a ella se le está citando como testigo, pero se están invocando algunas disposiciones que la ubican en la condición de imputada y por el otro lado se ignora su condición de gobernadora del Estado libre y soberano de Chihuahua que le otorga fuero constitucional”, apuntó.
El funcionario remató señalando que las autoridades federales “hicieron un reborujo” jurídico y ahora “no saben cómo explicarlo”.
Asimismo, comparó el caso con el tratamiento otorgado al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, al asegurar que existe un “doble rasero” por parte de las autoridades.
“En el caso de la gobernadora se comportan de esa manera y por el otro lado tenemos el caso del gobernador con licencia acusado de vínculos con el narcotráfico y con el crimen organizado y resulta que su citatorio casi lo escriben en un poste”, concluyó.