Organizaciones civiles locales, nacionales e internacionales anunciaron este martes en la Cruz de Clavos la realización de una Misión Civil de Observación para visibilizar el desplazamiento forzado interno en el estado de Chihuahua, particularmente en la Sierra Tarahumara, fenómeno que denunciaron continúa siendo negado y minimizado por las autoridades de los distintos niveles de gobierno.
Durante el encuentro con medios, Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria; y Víctor Quintana Silveyra, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, informaron que la misión se desarrollará durante dos días con recorridos y espacios de diálogo con familias desplazadas en Chihuahua, Parral y Delicias.
Explicaron que el objetivo es documentar las condiciones en las que viven cientos de familias obligadas a abandonar sus comunidades por la violencia, así como recabar testimonios y construir un análisis conjunto sobre las acciones urgentes que deben implementarse para garantizar sus derechos humanos.
Diana Villalobos señaló que en la misión participan organizaciones como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Brigadas Internacionales de Paz, además de la Agencia de la ONU para los Refugiados>, con la intención de dar visibilidad al incremento de desplazamientos desde comunidades serranas hacia zonas urbanas.
Los activistas hicieron referencia al caso reciente de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde alrededor de 300 familias abandonaron sus hogares, así como a desplazamientos provenientes de comunidades de Durango que han llegado hasta la ciudad de Chihuahua y Parral.
Gabino Gómez denunció que el desplazamiento forzado interno sigue sin ser reconocido formalmente por las autoridades como una condición de víctimas de delito, lo que provoca que las familias queden sin acceso a apoyos humanitarios suficientes y sin garantías de seguridad para retornar a sus comunidades.
Incluso, aseguró que en algunos casos las autoridades han presionado a familias para regresar a sus lugares de origen sin condiciones reales de protección. Recordó que entre las personas desplazadas de Atascaderos hay al menos dos personas asesinadas y una desaparecida tras retornar a la comunidad.
Por su parte, Víctor Quintana advirtió que Chihuahua forma parte de una de las cuatro grandes regiones del país con mayor problemática de desplazamiento forzado, junto con Chiapas, Guerrero y Jalisco, ubicando al llamado “Triángulo Dorado” —Chihuahua, Durango y Sinaloa— como una de las zonas más golpeadas por la violencia.
Asimismo, lamentó que las principales víctimas sean integrantes de comunidades indígenas, quienes enfrentan una doble invisibilización, y cuestionó la ausencia de una presencia permanente del Estado mexicano que garantice el derecho de las personas a vivir libres de violencia en sus territorios.
Las organizaciones convocantes anunciaron que el próximo viernes 29 ofrecerán una conferencia de prensa para presentar las conclusiones y observaciones derivadas de la Misión Civil de Observación.