El abogado penalista Gabriel Regino calificó el actuar de la autoridad federal como “un auténtico vodevil” cargado de tintes políticos y de “desaseo” en las formas procesales, al analizar en entrevista con la periodista Azucena Uresti la citación realizada a la mandataria estatal por el caso del narcolaboratorio de El Pinal y la presunta presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua.
Durante el espacio radiofónico, Regino sostuvo que si bien la Fiscalía puede desarrollar líneas de investigación y requerir información de personas relacionadas con los hechos, la legislación procesal penal establece excepciones claras para titulares del Poder Ejecutivo estatal. “Las y los gobernadores no están obligados a comparecer ante el Ministerio Público a un citatorio”, afirmó, al señalar que incluso tampoco tienen la obligación de responder por escrito.
El penalista aseguró que el problema no radica en la existencia de una investigación, sino en la manera en que la FGR ha manejado públicamente el caso de la gobernadora chihuahuense. Señaló que mientras a Rubén Rocha Moya se le ha protegido bajo el argumento de la presunción de inocencia y la soberanía estatal, en el caso de Maru Campos “pareciera ser una persona ya investigada e incluso imputada por traición a la patria”.
Regino consideró que, en términos estrictamente legales, la recomendación para la mandataria sería no acudir al citatorio, al insistir en que el sistema procesal impide obligarla a comparecer. No obstante, reconoció que en el terreno político la situación cambia, pues acudir podría convertirse en una estrategia de “victimización” y de denuncia de una eventual persecución política, incluso con alcances internacionales. “La fiscalía no tiene la previsión de que lo que está haciendo le va a salir como boomerang”, advirtió.
El abogado también enfatizó que el hecho de que la gobernadora esté citada como testigo y no como imputada genera otra paradoja jurídica, pues cualquier declaración que realizara no podría ser utilizada en su contra al existir el derecho fundamental a la no autoincriminación. Por ello, insistió en que la actuación de la FGR evidencia contradicciones procesales y un manejo político del caso que, dijo, podría terminar debilitando cualquier eventual procedimiento penal futuro.