La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, endureció como pocas veces su discurso contra el Gobierno Federal y Morena al asegurar, en entrevista con Carlos Loret de Mola para Latinus, que sí teme un eventual juicio político, incluso la cárcel, pero sostuvo que está “haciendo lo correcto” y que el país vive un régimen que concentra el poder y persigue a gobiernos opositores.
“Claro que lo pueden hacer”, respondió Maru Campos al ser cuestionada sobre la amenaza de juicio político y acusaciones de traición a la patria derivadas del caso de los presuntos agentes estadounidenses en territorio chihuahuense. “No te contaría mentiras si te dijera que no tengo miedo”, reconoció, aunque afirmó que continuará su administración “con dignidad”.
La mandataria insistió en deslindarse de cualquier autorización, gestión o conocimiento sobre la supuesta participación de agentes norteamericanos en operativos en Chihuahua. Sin embargo, admitió un “mea culpa” político por no haber alzado antes la voz contra lo que llamó “el régimen”.
“Mi mea culpa es no haberle dicho antes al país, a los gobernadores y a los chihuahuenses que este régimen y este país se está cayendo a pedazos”, lanzó, al tiempo que aseguró que los gobiernos estatales de oposición viven en “constante resistencia” para suplir áreas que, acusó, el Gobierno Federal dejó de atender, como salud, seguridad y apoyos al campo.
En una de las declaraciones más delicadas de la conversación, Campos afirmó que sí debería existir cooperación operativa con agencias estadounidenses, incluso armadas, pero con autorización y conocimiento previo de autoridades mexicanas. Aunque matizó su respuesta, aprovechó para insistir en una reforma que permita fortalecer a policías estatales y recuperar fondos federales eliminados para seguridad.
Respecto a su relación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, negó haberse llevado mal con ella, pero aseguró que “ella disparó primero” y habló de una “paz ficticia” entre gobiernos opositores y la Federación. Relató que tras intentar comunicación por el “teléfono rojo” y solicitar encuentros posteriores, no obtuvo respuesta directa de Palacio Nacional, aunque sí sostuvo una reunión “cordial y de cooperación” con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Pero el tono subió todavía más al abordar el caso del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya. A pregunta expresa, la gobernadora chihuahuense sostuvo que la presidenta “debe entregar” a Rocha y fue más allá al mencionar también a figuras de Morena como Andrea Chávez Treviño y Ariadna Montiel Reyes, a quienes vinculó con presuntos acuerdos con el crimen organizado y aseguró que “no deberían estar en la boleta electoral”.
“Andrea Chávez es igual a la barredora, es igual a crimen organizado”, aseveró Campos, quien sostuvo que existe hartazgo ciudadano hacia Morena en Chihuahua y que una eventual elección hoy tendría un desenlace distinto al de 2024.
La gobernadora también sugirió que el caso Rocha podría haber sido consecuencia de tensiones con agencias estadounidenses tras el escándalo de Chihuahua, aunque negó sentirse protegida por Estados Unidos y aseguró mantener únicamente una relación “institucional” con autoridades consulares y fronterizas.
En el tramo final de la entrevista, Maru Campos asumió abiertamente un papel opositor. Admitió que a la oposición le ha faltado capitalizar errores del oficialismo y “romper el mito” de que es indispensable mantenerse bien con “el Tlatoani” o con el poder presidencial.
Cuestionada sobre una eventual aspiración presidencial rumbo a 2030, la gobernadora fue tajante: “Estoy cansada, perdí a mi marido hace seis meses… no son mis planes”. Aun así, cerró reiterando que seguirá “en pie de lucha”.