La Red de Defensa Magisterial Chihuahua emitió un duro posicionamiento en torno al intento de modificación del calendario escolar 2025-2026 anunciado primero por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), y posteriormente revertido apenas unos días después, situación que calificó como una muestra de “improvisación” y un intento por “desmovilizar” la lucha magisterial nacional.
La organización cuestionó que el pasado 7 de mayo la SEP difundiera mediante el boletín 161 que, por acuerdo unánime de las autoridades educativas de las 32 entidades federativas reunidas en la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del CONAEDU, se adelantaría el cierre del ciclo escolar al 5 de junio, mientras que las labores administrativas concluirían el 12 de junio.
Asimismo, recordaron que se anunció la reprogramación del Consejo Técnico Escolar del 29 de mayo para el 8 de junio y que el siguiente ciclo escolar contemplaría dos semanas de “fortalecimiento de aprendizajes” antes del arranque formal de clases el 31 de agosto.
Sin embargo, señalaron que bastó un día para que desde la conferencia mañanera presidencial se afirmara que no se trataba de una decisión definitiva, sino únicamente de una propuesta, pese a que el propio boletín oficial hablaba de un acuerdo unánime.
Posteriormente, el 11 de mayo, las autoridades educativas volvieron a reunirse y determinaron “mantener vigente el calendario escolar 2025-2026”, por lo que el ciclo escolar terminará finalmente el 15 de julio, como quedó establecido en el boletín 164 de la SEP.
Ante ello, la Red de Defensa Magisterial Chihuahua acusó falta de seriedad en la política educativa nacional y sostuvo que el cambio y posterior reversa buscaban construir una narrativa para desacreditar las movilizaciones y paros convocados por sectores del magisterio democrático y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La organización aseguró que las movilizaciones docentes no buscan afectar a las familias ni interrumpir el aprendizaje de los estudiantes, sino defender la educación pública y exigir condiciones laborales dignas, incluyendo la abrogación de la Ley del ISSSTE y el derecho a pensiones dignas.
Asimismo, criticaron que las razones detrás del intento de modificar el calendario escolar estarían relacionadas con intereses económicos vinculados al Mundial de Futbol y acusaron que los gobiernos privilegian los intereses del gran capital por encima de las necesidades de las escuelas públicas.
La Red también exigió que así como se protegen intereses privados, se garantice que ninguna niña o niño tenga que acudir a escuelas sin agua, electricidad o en condiciones precarias frente a las altas temperaturas y climas extremos.
A continuación, compartieron íntegro el posicionamiento:
“Posicionamiento por el intento de modificación del ciclo escolar
El pasado siete de mayo, la Secretaría de Educación Pública emitió el boletín 161, mediante el cual informó que, por acuerdo unánime de las autoridades educativas de las 32 entidades federativas reunidas en el marco de la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) -comisión presidida por el secretario de educación pública-, se adelantaría la conclusión del ciclo escolar al próximo 5 de junio.
Asimismo, se informó que las labores administrativas de cierre concluirían el 12 de junio y que el Consejo Técnico Escolar previsto para el 29 de mayo sería reprogramado para el 8 de junio.
Además, esta comisión, que reúne la representación de todas las entidades federativas, informó que el ciclo escolar 2026-2027 contemplaría dos semanas —del 17 al 28 de agosto— dedicadas al “fortalecimiento de aprendizajes”, enfocadas en reforzar conocimientos y atender las necesidades académicas de niñas, niños y adolescentes. El arranque del ciclo escolar 2026-2027 sería el 31 de agosto.
La noticia tomó por sorpresa no sólo al magisterio —aunque se afirma que fue el propio magisterio quien propuso tal medida—, sino también a amplios sectores de la población.
Bastó un día para que, en la mañanera del día siguiente, la titular del Poder Ejecutivo señalara que no se trataba de una “decisión tomada” —aunque todos vimos que sí se tomó, y de manera unánime— y que, en realidad, había sido solamente una propuesta.
El lunes 11 de mayo, cuatro días después, convocadas nuevamente las autoridades educativas representativas de cada estado y después de la corrección de la plana al secretario de educación pública, se resolvió, otra vez de manera unánime, “mantener vigente el calendario escolar 2025-2026”, por lo que el ciclo escolar ya no concluirá el 12 de junio, sino el 15 de julio, como ahora lo señala el boletín 164 emitido por la SEP.
Al respecto, nos pronunciamos:
1.- Denunciamos, en primer lugar, la improvisación con la que, de un día para otro y con base en una supuesta solicitud de las y los maestros —de la que no se ha mostrado ningún tipo de evidencia—, se toman decisiones que implican modificaciones importantes en las dinámicas previstas de cientos de miles de personas. La política educativa exige seriedad.
2.- Señalamos que, en el fondo, el intento de modificar el calendario escolar tiene el objetivo de desmovilizar a las y los compañeros que han asumido un compromiso con la lucha por sus derechos, los de quienes vienen detrás y la garantía del derecho a la educación pública.
Y esto no ocurre solamente por el intento de adelantar las vacaciones, sino porque, al resolver que no habrá modificaciones al calendario, se busca construir una narrativa política que, como en otras ocasiones, derive en el denuesto y la descalificación de las y los maestros que luchan al ausentarse de sus centros de trabajo.
Sin embargo, el paro laboral convocado para inicios de junio por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el magisterio nacional no nace del deseo de afectar a las familias ni de interrumpir el aprendizaje de las y los estudiantes; surge como una forma de defender la educación pública y de exigir condiciones dignas para quienes la sostienen todos los días dentro de las aulas.
Cuando las y los maestros decimos “paramos para que la educación pública no pare”, expresamos una preocupación profunda ante la manera en que, poco a poco, los gobiernos normalizan la precarización del trabajo docente y las necesidades reales de las y los estudiantes.
3.- En contraste, las razones con las que la Secretaría de Educación Pública justificó el adelanto del cierre del ciclo escolar son diametralmente opuestas a aquellas que motivan la movilización del magisterio democrático.
A nosotros no nos mueven los intereses económicos y políticos de los grandes capitales involucrados en el Mundial de Futbol. Reconocemos que, en gran medida, una de las razones por las que se condena a las y los trabajadores a vivir con pensiones de miseria es la voracidad del gran capital, que ha convertido —con la connivencia de Estados que olvidan su vocación de bienestar— los derechos de la clase trabajadora en mercancías y negocios al servicio de sus explotadores.
4.- Exigimos que, así como se cuidan los intereses privados, se garanticen también las condiciones materiales para que ningún niño o niña de este país tenga que asistir a una escuela sin agua, sin electricidad frente a climas extremos, en condiciones insalubres o en situación de precariedad.
5.- La lucha por la educación pública no se rige por los calendarios del gran capital. Nosotros seguiremos luchando sin descanso por el respeto a nuestro derecho a una pensión digna y participando activamente en el llamado a la lucha nacional por la abrogación de la Ley del ISSSTE.
¡Unid@s y organizad@s, venceremos!”