Trabajadores al servicio del Estado de Chihuahua lanzaron una petición en la plataforma Change.org para exigir al Congreso del Estado y a la gobernadora María Eugenia Campos Galván la creación de un fondo y un sistema de crédito de vivienda digno para el personal estatal, amparados además en recientes resoluciones judiciales que obligan a legislar en la materia.
La campaña, difundida bajo el lema “Vivienda digna para los trabajadores al servicio del Estado de Chihuahua ¡Ya!”, busca sumar firmas ciudadanas para presionar al Poder Legislativo a cumplir con las sentencias de amparo obtenidas en meses recientes por el abogado Juan Pablo Mena y otros trabajadores, mediante las cuales se reconoce la obligación del Estado de garantizar el acceso a créditos de vivienda para los empleados públicos estatales.
La petición puede consultarse y firmarse en la siguiente liga:
Petición “Vivienda digna para los trabajadores al servicio del Estado de Chihuahua ¡Ya!”
En el texto difundido por los promoventes se señala que, pese a realizar labores esenciales para el funcionamiento del estado, los trabajadores estatales continúan sin contar con un mecanismo de acceso a vivienda similar al que tienen millones de empleados en el país a través de organismos como Infonavit o Fovissste.
Asimismo, advierten que las sentencias de amparo “no son una sugerencia, sino una orden judicial”, y que sin presión social el cumplimiento podría retrasarse durante años.
Entre las exigencias planteadas al Congreso del Estado destacan el cumplimiento inmediato de las resoluciones judiciales, la creación de los ordenamientos legales necesarios para establecer un sistema de crédito accesible y transparente para todos los trabajadores estatales, así como la asignación del presupuesto requerido para hacerlo viable.
“Cada día sin legislación es un día más en que cientos de familias chihuahuenses viven en la incertidumbre de no poder acceder a una casa propia”, señala el pronunciamiento difundido junto con la campaña digital.
La iniciativa comenzó a circular este martes en redes sociales y grupos de trabajadores estatales, buscando convertir la exigencia jurídica en una presión pública y política sobre el Poder Legislativo local.