Este lunes, decenas de maestras y maestros jubilados de Jiménez acudieron a los tribunales para respaldar a tres de sus compañeros citados a comparecer dentro de la causa abierta contra seis integrantes del movimiento, derivada de una denuncia interpuesta por la dirigencia de la Sección 42 del SNTE por el presunto delito de despojo, relacionado con la toma de las oficinas sindicales que se ha prolongado por varios meses.
A las afueras del recinto, los manifestantes expresaron su apoyo con pancartas y consignas. Entre los mensajes se leía: “Quiroz no seas tan atroz”, “Nos oponemos al saqueo sindical”, “Las mentiras se caen”, “Quiroz con la dignidad entera, Jiménez te espera”, “Nuestro error: defender la democracia” y “Manuel, tu cómplice no requiere de oficina”.
En pronunciamientos realizados durante la jornada, los docentes inconformes calificaron como “profundamente indignante y reprobable” que el profesor Manuel Quiróz haya optado “por el camino de la persecución en lugar del diálogo”, al presentar denuncias contra sus compañeros jubilados y pensionados, quienes —afirmaron— “lo único que han hecho es alzar la voz frente a la corrupción, la imposición, el saqueo sindical y el autoritarismo”.
Asimismo, señalaron que “demandar a quienes señalan irregularidades no es justicia: es persecución” y que esta acción “exhibe un intento burdo de intimidación”, postura que atribuyeron a la dirigencia sindical.
La audiencia programada para este lunes no pudo llevarse a cabo y fue diferida para el próximo 8 de junio, debido a fallas en las notificaciones a los demandados. Los maestros inconformes sostuvieron que este hecho “evidencia irregularidades en el proceso” y “confirma la fragilidad de una acusación sostenida más en la presión que en la legalidad”.
Por su parte, refirieron que el abogado acusador, Juan Diego Dávila —quien en días recientes se presentó como “Juan Camaney”— manifestó apertura al diálogo; sin embargo, aseguraron que dicho acercamiento estaría condicionado a la permanencia de la maestra Merit Chávez Cobos, a quien acusan de presuntos actos de corrupción y de haber sido “impuesta sin legitimidad”.
En ese sentido, los jubilados y pensionados reiteraron que “no habrá negociación posible mientras se mantenga esa imposición” y que “no se puede hablar de acuerdos cuando se pretende legitimar lo ilegítimo”.
El conflicto entre este grupo de docentes jubilados y la dirigencia de la Sección 42 del SNTE se mantiene desde hace meses, en el contexto de la toma de las oficinas sindicales en Jiménez, sin que hasta el momento se haya alcanzado una solución definitiva.