— Denuncian engaño tras visita del emisario de la dirigencia, ; exigen transparencia en el manejo del salón sindical y desconocen a la coordinadora
El conflicto entre maestros jubilados y la dirigencia de la Sección 42 del SNTE en Jiménez escaló ya al terreno judicial. Este lunes varios integrantes del movimiento enfrentarán una audiencia por el presunto delito de despojo agravado, tras la denuncia promovida por la dirigencia sindical.
Lejos de replegarse, los jubilados endurecieron su postura y reiteraron que su lucha está basada en principios de legalidad, transparencia y democracia sindical.
“Preferimos ser señalados por defender la legalidad, la transparencia, la democracia, y por enfrentar la corrupción y las imposiciones; que ocupar un escritorio como ‘líder’ marcado por la traición, la opacidad, la corrupción y el autoritarismo”, lanzó López Acosta.
El origen: desalojo de jubilados y opacidad en recursos
El docente explicó que el conflicto estalló en agosto, cuando los jubilados fueron retirados del espacio que históricamente ocupaban dentro de las oficinas sindicales.
“Después de toda una vida sindical, simplemente nos dijeron que ya no teníamos lugar. Nos desplazaron. Ese fue el detonante”, recordó.
A la par, denunció un manejo opaco de los recursos generados por el salón sindical, actualmente bajo control de la maestra Merit Chávez —a quien identifican como coordinadora en Jiménez— y su esposo.
Detalló que, históricamente, los ingresos por renta del salón y la venta de productos eran administrados por las delegaciones y se rendían informes periódicos al magisterio, destinándose a actividades del propio gremio.
Sin embargo, acusó que con la actual dirigencia el esquema cambió:
“Ahora el recurso se concentra y se deposita al comité central. Solo quien lo maneja sabe cuánto entra y cuánto se entrega. No hay informes, no hay transparencia”.
Ante ello, los jubilados han planteado una ruta clara: que el manejo del salón sindical sea asumido por un órgano colegiado integrado por los secretarios generales de las cuatro delegaciones existentes en Jiménez, con el fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas.
“No estamos peleando por manejar dinero, estamos exigiendo que se transparente. Que sea un patronato o un órgano con representantes de las cuatro delegaciones el que administre y rinda cuentas claras”, enfatizó.
La visita del emisario de la dirigencia y el sentimiento de sentirse “engañados”
Uno de los puntos que más indignación ha generado entre los jubilados es lo que calificaron como un “engaño” por parte de la dirigencia sindical, tras el envío de un emisario para dialogar.
Se trata del profesor Alonso Ley, coordinador de la región Centro-Sur, quien acudió a Jiménez —según López Acosta— a nombre del dirigente estatal Manuel Quiroz para buscar una salida al conflicto.
Durante ese encuentro, el profesor Tavo afirmó que el propio Alonso Ley habría reconocido la legitimidad de las demandas de los jubilados.
“Nos dijo que no había inconveniente en restituir el espacio, que lo del informe financiero era justo, y que incluso la maestra debía dejar el cargo porque su periodo ya había concluido”, relató.
El compromiso, aseguró, fue claro: regresar después del periodo vacacional con un documento formal que diera solución a los planteamientos.
“Nos pidió que aguantáramos, que al regresar de vacaciones se normalizaba todo. Incluso dijo que no iba a permitir que su prestigio se viera manchado y que traería todo por escrito”, añadió.
Sin embargo, nada de eso ocurrió.
“Nos sentimos totalmente engañados. Lo único que pasó fue que ganaron tiempo para fortalecer la demanda en nuestra contra. Mientras nos pedían diálogo, estaban preparando el golpe legal”, acusó.
López Acosta dijo que, pese a ello, mantienen respeto por Alonso Ley, aunque advirtió que su silencio actual genera dudas.
“Queremos pensar que fue utilizado. Pero si él sabía que era una estrategia, entonces es lamentable”, expresó.
Desconocen a coordinadora y denuncian imposición
Otro de los ejes del conflicto es el desconocimiento de la maestra Merit Chávez como figura de coordinación en Jiménez.
Los jubilados sostienen que su periodo como secretaria delegacional ya concluyó y que existen nuevas autoridades electas, por lo que consideran ilegal su permanencia.
Además, señalaron contradicciones en la dirigencia estatal, que en otros casos ha declarado inexistente la figura de coordinador, pero la mantiene en este municipio.
“Es una imposición sin sustento estatutario. No puede decirse que la figura no existe y luego utilizarla según convenga”, reclamó.
Denuncia selectiva y proceso cuestionado
Respecto al proceso legal, López Acosta denunció que, pese a tratarse de un movimiento respaldado por casi un centenar de jubilados, la denuncia se dirigió únicamente contra seis personas.
También acusó irregularidades, como notificaciones incompletas y la inclusión de una persona ajena al movimiento.
“Solo tres han sido notificados. Estamos valorando si acudimos todos por solidaridad o solo quienes fueron requeridos. Pero no tenemos miedo”, afirmó.
“Si hay despojo, es contra nosotros”
Frente a la acusación, el profesor fue tajante:
“Nosotros construimos ese edificio con recursos propios cuando éramos activos. Hoy nos sacan. Si hay despojo, el despojo es contra nosotros”.
Aseguró que cuentan con documentos que acreditan que fueron retirados del espacio y que su inconformidad fue manifestada desde entonces.
La lucha sigue
Finalmente, López Acosta reiteró que este conflicto trasciende lo legal y representa una defensa de la dignidad del magisterio.
“No podemos agachar la cabeza. Los jubilados tenemos que dar el ejemplo. Vamos a seguir con la frente en alto, defendiendo lo que es justo”, concluyó.