La magistrada Elizabeth Macías Márquez desestimó los cargos contra Fernando R., hermano del presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, y revocó su vinculación a proceso por el ataque armado registrado a las afueras de una funeraria, hecho en el que resultaron heridos dos abogados.
Uno de los afectados, el litigante Héctor Villasana, calificó la resolución como “ilegal y carente de toda lógica”, y anunció una ofensiva jurídica que incluye la interposición de un juicio de amparo, así como una queja ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial y una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado para separar a la magistrada de su cargo.
“Estamos profundamente agraviados por la decisión de revocar la vinculación a proceso. La magistrada estaba impedida para favorecer a quien no impugnó. Es una resolución fuera de toda lógica jurídica”, sostuvo Villasana, al señalar que el recurso original fue promovido por el Ministerio Público, no por la defensa.
El abogado advirtió que cuentan con un plazo de 15 días para presentar el amparo, el cual ya se encuentra en preparación junto con los litigantes Eloy Soto Payán y Enrique Muñoz, este último aún con una bala alojada en la pierna tras el ataque.
Villasana enfatizó la gravedad de los hechos al recordar que el agresor llegó armado a plena luz del día a una funeraria, disparando contra los presentes. “No fue algo menor. Yo estuve a 10 centímetros de recibir un disparo en el pecho”, relató.
En un tono más contundente, el abogado aseguró no tener dudas de que detrás de la resolución existe tráfico de influencias. “No le encuentro otra explicación a que, con decenas de testigos y videos, ahora se diga que no pasó nada. Es evidente que se busca favorecer al acusado”, denunció.
Asimismo, acusó una posible colusión entre actores del Poder Judicial y el ámbito político para dejar el caso en la impunidad, lo que —dijo— ha generado indignación entre la ciudadanía de Parral.
Villasana adelantó que será en los próximos días cuando formalicen tanto el amparo como las denuncias ante instancias disciplinarias y legislativas, y advirtió que no quitarán “el dedo del renglón” hasta que se sancione lo que consideran una grave irregularidad judicial.