El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó que fueron los auditores de campo quienes descubrieron que el entonces coordinador estatal de almacenes y farmacias del ICHISAL, había sustraído medicamentos oncológicos destinados a pacientes con cáncer, los cuales le habían sido prescritos de manera irregular, además se logró también la sanción por la vía administrativa en octubre del año recién pasado.
Fue en el 2021 cuando, al revisar la cuenta pública de esta institución de salud, se descubrieron recetas para obtener medicamentos para tratar cáncer de mama por un valor de $107,870.14. Medicamentos oncológicos que, de acuerdo con el historial médico del servidor público, no tenían ningún sentido.
Esta persona de iniciales A.V.CH., no tenía historial oncológico, y aun así se hizo de estos medicamentos sumamente indispensables para pacientes con cáncer, en dosis extremadamente altas.
Los auditores corroboraron las sospechas al entrevistar al Director del Centro Estatal de Cancerología de Servicios de Salud de Chihuahua. El especialista confirmó que estos medicamentos además de ser principalmente para pacientes del sexo femenino se usan de entre una a cada tres semanas, sin razón para haberse recetado y entregado dosis para aplicación diaria.
Acosta Félix explicó que las evidencias en el expediente médico del hoy detenido no mostraban ninguna condición que justificara el uso de dichos medicamentos tan especializados e indispensables para pacientes que reciben quimioterapia muy agresiva. El uso más frecuente es para combatir el cáncer de mama y el cáncer infantil, lo cual resulta indignante que se pretenda lucrar afectando a este sector de la sociedad.
Este es un claro ejemplo de que la corrupción puede llegar a afectar a los más vulnerables, comentó el Auditor Superior. “Es necesario evitar que se vuelvan a sustraer medicamentos tan delicados e indispensables para pacientes que en verdad los necesitan”, agregó.
Como resultado de estas indagatorias, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua presentó en marzo de 2023 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua por considerar que se pudiera estar frente a la comisión de algún delito; situación que el ministerio público logró demostrar y concretó la judicialización del caso, por el delito de Peculado Agravado, ejecutando la orden de aprehensión el lunes pasado.
Por otro lado, también se consideró que existían elementos para encuadrar la comisión de una falta administrativa grave al haberse desviado recursos públicos, motivo por el cual la ASE acudió al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa a denunciar este hecho y fue la Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA la que determinó la sanción para el ahora responsable, obligándolo a la suspensión por 90 días de su empleo, cargo o comisión, así como al pago de la indemnización por 107 mil pesos.
Por último, el Auditor Superior indicó que confía en que las instancias ministeriales y jurisdiccionales llevarán el asunto con estricto apego a derecho y celebra que existan consecuencias para quienes infringen la ley.