Relatoría del Foro de análisis “La precarización laboral de los docentes de Chihuahua en el Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes”
Red de Defensa Magisterial del Estado de Chihuahua Ciudad Juárez
- Introducción
En el marco de las reflexiones promovidas por la Red de Defensa Magisterial del Estado de Chihuahua, se llevó a cabo el foro de análisis titulado “La precarización laboral de los docentes de Chihuahua en el Protocolo para la prevención y atención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes”.
El espacio tuvo como propósito analizar las implicaciones laborales, jurídicas, administrativas y emocionales que el nuevo protocolo estatal genera en el personal docente y directivo del sistema educativo.
El debate partió de una premisa compartida: la protección de niñas, niños y adolescentes es una prioridad ineludible del Estado, pero su implementación normativa debe ser viable, contextualizada y garantizar también los derechos laborales y la seguridad jurídica del magisterio.
Durante el foro participaron cuatro ponentes con amplia experiencia en el sistema educativo estatal, quienes compartieron reflexiones desde diferentes niveles de responsabilidad institucional:
• Mtra. Marta Villegas Ordóñez – Supervisora Zona 53 de Preescolar, Ciudad Juárez.
• Mtra. Dania Maricela Luna Chávez – Docente de primaria, Ciudad Juárez.
• Mtra. Antonia Hernández Carrasco – Directora de preescolar, Ciudad Juárez.
• Mtra. Lady Vázquez López – Jefa de Sector 5 de Educación Preescolar, Parral.
El foro se desarrolló mediante exposiciones iniciales de las ponentes, un espacio de diálogo colectivo y un momento de conclusiones finales.
- Desarrollo del Foro
2.1 Implicaciones jurídicas del protocolo en la práctica docente
La maestra Dania Maricela Luna Chávez analizó el protocolo desde la perspectiva del docente frente a grupo. Señaló que el documento establece que el personal educativo actúe como “primer respondiente” ante posibles situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes.
No obstante, destacó que esta responsabilidad se establece sin mecanismos claros de defensa jurídica institucional, lo cual coloca al docente en una situación de vulnerabilidad legal.
Uno de los conceptos más problemáticos señalados fue el de “sospecha fundada”, el cual obliga al docente a reportar posibles casos de violencia incluso cuando no existen pruebas concluyentes. Sin embargo, el documento no define con claridad los criterios que permiten identificar dicha sospecha, lo que abre la posibilidad de interpretaciones subjetivas y riesgos legales.
La ponente explicó que el docente enfrenta así una doble presión institucional:
• Si reporta una sospecha que posteriormente no se confirma, puede enfrentar conflictos legales o demandas.
• Si no reporta la sospecha y posteriormente se comprueba un caso de violencia, puede incurrir en omisión punible, con posibles sanciones administrativas o penales.
4-Transcripción Foro 07.03.2026
Además, el protocolo asigna a los docentes diversas responsabilidades adicionales, entre ellas:
• Organización de campañas preventivas.
• Elaboración de actas y reportes.
• Seguimiento institucional de casos.
• Coordinación con diversas dependencias públicas.
Estas tareas implican una sobrecarga administrativa y emocional que se suma a las funciones pedagógicas propias del trabajo docente.
2.2 Sobrecarga administrativa y presión institucional
Desde la función de supervisión escolar, la Mtra. Marta Villegas Ordóñez señaló que el protocolo contiene más de 200 páginas, lo cual dificulta su análisis profundo por parte de los colectivos docentes cuando se solicita revisarlo en periodos muy breves.
Asimismo, explicó que las supervisiones reciben la instrucción de difundir el documento a toda la comunidad educativa, incluyendo docentes, directivos, personal de apoyo, estudiantes y familias, lo que implica una carga administrativa considerable.
La ponente advirtió que el protocolo establece posibles sanciones administrativas o legales en caso de omisiones, lo que incrementa el nivel de presión sobre el personal educativo.
También destacó que el documento exige al docente una vigilancia constante de indicadores conductuales, emocionales y sociales en los estudiantes, generando una expectativa de observación permanente difícil de sostener en aulas con grupos numerosos.
Este escenario contribuye al aumento del estrés laboral y desgaste emocional del profesorado.
2.3 Experiencias directas en la aplicación del protocolo
La Mtra. Antonia Hernández Carrasco, directora de preescolar, compartió experiencias derivadas de procesos reales de denuncia y seguimiento de casos.
Señaló que uno de los principales problemas radica en la falta de claridad en los procedimientos, particularmente en la diferencia entre:
• comunicación inicial de un posible caso de violencia
• reporte formal ante las autoridades correspondientes.
Asimismo, relató que en algunos procesos de investigación institucional el personal docente ha sido tratado como sospechoso, lo que genera una sensación de indefensión jurídica.
Otro aspecto relevante señalado fue la ausencia de acompañamiento institucional, tanto jurídico como psicológico, para el personal educativo que participa en estos procesos.
2.4 Desigualdad territorial en la aplicación del protocolo
La Mtra. Lady Vázquez López aportó una perspectiva desde el contexto rural y serrano del estado de Chihuahua.
Explicó que en muchas comunidades funcionan escuelas unitarias o multigrado, donde una sola docente asume múltiples funciones: enseñanza, dirección escolar, administración y atención a familias.
En estos contextos, la aplicación del protocolo resulta particularmente compleja debido a factores como:
• falta de acceso a internet
• ausencia de personal especializado
• grandes distancias para acudir a instituciones de apoyo
• riesgos personales al denunciar casos de violencia familiar
La ponente señaló que el protocolo establece responsabilidades homogéneas para todas las escuelas del estado, sin considerar las profundas diferencias entre contextos educativos urbanos y rurales.
- Síntesis Analítica del Foro
A partir de las intervenciones de las ponentes, se identificaron diversas problemáticas estructurales relacionadas con la implementación del protocolo
Dimensión
Responsabilidad jurídica
Ambigüedad normativa
Sobrecarga laboral
Problema identificado
Docentes como primer respondiente sin defensa legal institucional
Conceptos como “sospecha fundada” no definidos
Actas, reportes, campañas y
seguimiento institucional
Consecuencias
Riesgo administrativo y penal
Interpretaciones subjetivas
Desgaste profesional
Dimensión
Delegación institucional
Falta de acompañamiento
Desigualdad
territorial
Problema identificado
Funciones de otras instituciones recaen en la escuela
Ausencia de apoyo jurídico y psicológico
Protocolos estandarizados
para contextos diversos
Consecuencias
Desprofesionalización del sistema
Estrés laboral y trauma vicario
Imposibilidad operativa en
zonas rurales
- Conclusiones del Foro
El foro permitió identificar una serie de preocupaciones compartidas por el magisterio respecto a la implementación del protocolo estatal.
Entre las conclusiones principales destacan:
- El protocolo presenta ambigüedades conceptuales y operativas que dificultan su aplicación en la práctica escolar.
- Se genera una sobrecarga administrativa y emocional significativa para el personal docente y directivo.
- Existe una desproporción entre las responsabilidades legales asignadas y el respaldo institucional disponible.
- El documento no considera adecuadamente la diversidad de contextos educativos, particularmente en zonas rurales.
- La exposición constante a situaciones de violencia sin apoyo institucional puede derivar en burnout y trauma vicario en el personal educativo.
Las participantes coincidieron en que la protección de NNA es una responsabilidad fundamental del sistema educativo; sin embargo, señalaron que dicha tarea requiere coordinación interinstitucional efectiva y condiciones laborales adecuadas para el magisterio.
- Recomendaciones derivadas del Foro
Entre las recomendaciones planteadas se destacan:
- Revisar y clarificar los conceptos jurídicos del protocolo, particularmente el de “sospecha fundada”.
- Establecer mecanismos de defensa jurídica institucional para el personal docente.
- Diseñar programas de acompañamiento psicológico para docentes que atienden casos de violencia.
- Adecuar los procedimientos del protocolo a los distintos contextos educativos del estado.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional entre escuelas, fiscalías, procuradurías, servicios de salud y programas sociales.
- Cierre
El foro evidenció la necesidad de construir marcos normativos que equilibren la protección de la niñez con la seguridad jurídica y laboral del magisterio. El análisis crítico de las políticas públicas educativas constituye una herramienta fundamental para mejorar los instrumentos institucionales y garantizar entornos escolares seguros, justos y viables para todos los actores del sistema educativo.
