Por: Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón
Dediqué gran parte de mi vida al servicio docente en Chihuahua, creyendo firmemente que nuestras escuelas y universidades eran los recintos más sagrados de la civilización. Hoy, como jubilado, observo la realidad a través de los ojos de las mujeres que más amo: mi hija, que abre camino en la academia universitaria; mi esposa y mi hermana, que día tras día sostienen el tejido social en las secundarias de nuestro estado.
Esta búsqueda de justicia es un valor arraigado en mi familia, heredado directamente de mi abuela, la Profra. María Barrón del Avellano. Su profunda vocación como maestra la llevó a comprender, antes que muchos, que la historia incompleta sin la perspectiva femenina necesitaba ser corregida. Por ello, se dedicó a documentar las vidas de nuestras heroínas en su libro «Mujeres Chihuahuenses». Su propia vida fue un testimonio de lucha social por la igualdad y los derechos de las mujeres, una causa que le costó el exilio de Chihuahua por orden de un gobernador, además de la persecución y amenazas de muerte por parte de un cacique en el Estado de Guerrero. Este legado de resistencia y defensa de la dignidad humana es el fundamento sobre el que hoy se sostiene la labor de mi esposa, mi hermana y mi hija, pues ella nos enseñó que ser docente en Chihuahua es, esencialmente, un acto de resistencia.
Sin embargo, mi orgullo profesional hoy se ve empañado por la indignación que provocan las cifras de violencia que ellas, y miles de compañeras, enfrentan en silencio. Chihuahua es un territorio donde la labor docente tiene rostro de mujer, pero el trato que reciben es de una precariedad y un riesgo inaceptables. No podemos ignorar que el 71% de las mujeres en nuestro estado han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En el ámbito laboral, esta violencia comienza con la billetera: mientras nosotros podíamos aspirar a una estabilidad digna, hoy el 83.3% de las mujeres ocupadas en la entidad perciben apenas hasta tres salarios mínimos. Por cada 100 pesos que ganamos los varones, nuestras docentes reciben apenas 67.
Pero el agravio no es solo económico. Al escuchar a mi hija hablar de su entorno universitario, me estremece saber que la violencia sexual está normalizada en los pasillos de nuestras máximas casas de estudio. Según datos recientes (2024-2025), el 100% de las universitarias en la UACH y la UACJ han sido víctimas de miradas lascivas, y hasta un 88% han soportado chistes de contenido sexual. Lo más doloroso es que el enemigo muchas veces está en casa: en la UACJ, se identifica que el 26% de los victimarios son los mismos maestros o autoridades.
En la educación básica, donde mi esposa y mi hermana dejan el alma, el panorama es de una «bomba de tiempo». Según la información presentada en el Congreso Estatal por el diputado Oscar Avitia Arellanes en octubre de 2025, el Programa de Convivencia Escolar de la Subsecretaría de Educación Básica atendió 255 casos de violencia en planteles escolares durante el ciclo escolar pasado. Los reportes incluyen agresiones directas contra el profesorado que van desde insultos y confrontaciones físicas hasta situaciones de ciberacoso y linchamientos virtuales. La falta de protección legal ante estos eventos ha contribuido a una deserción docente estimada en un 12% en la entidad, principalmente por temor a represalias de alumnos o padres de familia.
Las agresiones en el entorno educativo estatal de Chihuahua están en aumento, lo que incrementa la vulnerabilidad del magisterio. En áreas rurales y la Sierra, las maestras son «bombitas a punto de explotar» debido a la intensa presión del crimen organizado y la nula autoridad en las aulas. Además, el sistema castiga a quienes se atreven a denunciar, como lo documenta la Recomendación 03/2024 de la CEDH: el hostigamiento y cese injustificado de una docente con 21 años de servicio, humillada públicamente por sus superiores.
A esto debemos sumar la carga invisible que llevan al llegar a casa. Como esposo y hermano, veo el agotamiento de la «doble jornada». Una docente en Chihuahua dedica, además de sus 43.5 horas de trabajo remunerado, un promedio de 13.4 horas semanales a tareas domésticas no reconocidas. No es de extrañar que el 42% de las madres trabajadoras presenten cuadros de ansiedad y estrés, y un 21% sufra el síndrome de burnout o agotamiento extremo.
Escribo esto no solo como un colega retirado, sino como un hombre que teme por la seguridad y la salud mental de su familia. Los protocolos de «cero tolerancia» no pueden seguir siendo letras muertas en un papel. Chihuahua le debe a sus maestras mucho más que un bono anual; les debe justicia, salarios equitativos y, sobre todo, el derecho a educar sin miedo, honrando el camino que mujeres como mi abuela abrieron para todas ellas.