-Detecta FACH posible Encubrimiento por Favorecimiento a exsecretario de Hacienda que fue testigo protegido
-Dejaron prescribir 23 carpetas de investigación denunciadas 16 por la ASE y 7 por la Secretaría de la Función Pública
El Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, presentó denuncias de hechos en contra de quien resulte responsable, ante la Fiscalía General del Estado por posibles conductas constitutivas de distintos delitos, entre ellos el Encubrimiento por Favorecimiento, contemplado en el artículo 316 del Código Penal local, relacionadas con la omisión en la investigación de irregularidades administrativas y financieras, que involucran a servidores públicos quienes dejaron prescribir carpetas por delitos por hechos de corrupción que habrían sido cometidos en la Secretaría de Hacienda del Estado, en la administración 2010 – 2016 por un monto de 171 millones 472 mil 776 pesos.
De acuerdo con la implementación de diversos sistemas tecnológicos de la FACH respecto del análisis de carpetas heredadas, se detectó que diversas denuncias presentadas entre 2018 y 2020 permanecieron excesivamente inactivas, lo que derivó en que la acción penal prescribiera con el paso del tiempo, pese a que los montos de las irregularidades detectadas ascienden a cantidades millonarias de recursos públicos e involucraban a servidores de primer y segundo nivel de dicha dependencia.
Estas denuncias señalaban presuntas irregularidades en operaciones financieras relacionadas con funcionarios de la Secretaría de Hacienda en los años y personas vinculadas con su entonces titular de la Administración Estatal 2010 – 2016, quien posteriormente, se dice, fue testigo protegido en el quinquenio anterior, dejando en indefensión a los chihuahuenses con cantidades millonarias que superan los 171 millones de pesos.
Al respecto, el Fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, señaló que el deber institucional de la Fiscalía es investigar no sólo los hechos denunciados, sino también las posibles omisiones en la actuación de quienes tenían la obligación legal de investigar, por lo que se debe esclarecer si existieron responsabilidades por la negligencia de las personas encargadas de investigarlos en su momento o si hubo impunidad para proteger a una persona que presumiblemente, les sirvió para dar declaraciones judiciales en contra de servidores públicos en la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”.
“La omisión también es corrupción. Cuando un servidor público decide no investigar, cuando deja pasar el tiempo o permite que un expediente se detenga, también se genera un daño a la sociedad. La sociedad tiene derecho a saber qué ocurrió con estas denuncias y fundamentalmente, a la reparación del daño, que es solo ahí donde se hace justicia.
En primer lugar ¿Por qué la anterior titular de la Fiscalía Anticorrupción no investigó y sancionó a quienes permitieron la prescripción en las 23 carpetas?, Entonces, ¿La Operación Justicia para Chihuahua… fue selectiva?, ¿Quién tomó esas decisiones y con base en qué criterios?”, cuestionó el fiscal Abelardo Valenzuela.
“Lo que buscamos es esclarecer, si esa prescripción fue consecuencia de decisiones indebidas dentro de las instituciones encargadas de investigar. Porque si alguien utilizó su posición dentro del servicio público para proteger a otra persona o para detener una investigación, eso también es corrupción y debe investigarse”, expresó.
Durante esta revisión se realizó una clasificación de las carpetas de investigación heredadas, identificando aquellas que presentaban irregularidades procesales, rezagos injustificados o posibles omisiones en su integración.
En este proceso se detectaron expedientes que habían sido catalogados como asuntos prescritos, pero que al ser revisados detalladamente evidenciaron anomalías en la actuación de las autoridades responsables de su investigación.
Cabe recordar que en marzo de 2023 el propio titular de la Fiscalía Anticorrupción, informó públicamente sobre la separación de cinco agentes del Ministerio Público derivado de irregularidades detectadas en el manejo de expedientes, como el manejo indebido de carpetas de investigación y deficiencias en su seguimiento procesal.