Por: Dr. Héctor Alejandro Navarro Barrón
Después de 35 años dedicados al servicio educativo, me permito observar con una mezcla de esperanza y escepticismo la reciente promesa del Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. El anuncio de que para el ciclo escolar 2026-2027 se eliminarán las cargas administrativas innecesarias es música para los oídos de un magisterio agotado. Sin embargo, quienes hemos caminado los pasillos de las escuelas y las oficinas de Educación Básica sabemos que el «monstruo de la burocracia» no se rinde fácilmente.
En mi paso como Jefe del Departamento de Educación Secundaria, tuve la oportunidad de analizar de cerca la fricción que genera el calendario escolar. Mientras que los alumnos cumplen con 190 días de clase, la realidad es que el docente labora al menos 211 días, sumando Consejos Técnicos, talleres y las llamadas «descargas administrativas». No obstante, estos últimos días han terminado por convertirse en una simulación. En Chihuahua, el Sistema de Información Educativa (SIE) suele colapsar cuando 30,000 maestros intentan capturar calificaciones al mismo tiempo, obligando a mis compañeros a realizar tareas administrativas de madrugada para encontrar el sistema disponible.
Es aquí donde retomo una propuesta que impulsé durante mi gestión: la dignificación de la descarga administrativa a través de la confianza profesional. Propuse en su momento que, si un docente contaba con todos los elementos y herramientas para realizar sus actividades de evaluación y registro, se le permitiera hacerlo desde su casa o el lugar que mejor le pareciera. La viabilidad del trabajo remoto, ampliamente demostrada durante la reciente crisis sanitaria, sugiere que la productividad no depende de la presencia física en el centro de trabajo, sino de las condiciones para ejecutar la tarea.
Para aquellos docentes que carecieran de equipo de cómputo o conexión a internet, la obligación del Estado debía ser clara: proveer estos servicios y el soporte técnico necesario en sus propias escuelas. No es justo que la «ética magisterial» siga siendo el motor que financia, con recursos propios del maestro, la digitalización de un sistema que el propio gobierno no termina de consolidar.
La promesa actual de simplificación administrativa debe ir más allá de la eliminación de formatos duplicados. Debe contemplar una interoperabilidad real entre los sistemas estatales (como nuestro SIE) y los federales, para evitar la «doble captura» que tanto irrita al magisterio. Pero, sobre todo, debe transitar hacia un modelo que respete la autonomía del docente.
Si Mario Delgado busca realmente «escribir la política educativa con la práctica del magisterio», debe empezar por devolverles el tiempo. La descarga administrativa no debería ser un día de presencialismo inútil frente a una pantalla congelada, sino un espacio de verdadera reflexión pedagógica, ya sea en el aula o en la tranquilidad del hogar, respaldado por una infraestructura tecnológica que funcione. Solo así pasaremos de la retórica sexenal a una transformación que se sienta, de verdad, en el corazón de nuestras escuelas.