El día de ayer se aprobó en la Comisión de Educación del Congreso del Estado, el dictamen del Protocolo de Protección a Docentes, mismo que se subirá al pleno para su voracion; aquí presentamos algunas de las implicaciones prácticas y jurídicas que la reforma tendría:
- Adición a la Ley de Seguridad Escolar
Implicación: Al insertar este mandato en el Capítulo V BIS de la Ley de Seguridad Escolar, se eleva la protección docente a un asunto de seguridad pública y convivencia, dejando de ser meramente un tema administrativo o laboral interno. - Nuevo Artículo 32 BIS
Implicación: Este artículo se convierte en el fundamento jurídico operativo. Obliga al Estado a dejar de actuar de manera discrecional ante los conflictos; ahora existe un mandato legal imperativo que exige una respuesta sistematizada ante la violencia escolar. - Responsabilidad de la Secretaría
Implicación: Centraliza la responsabilidad en la Secretaría de Educación y Deporte. Esto evita que la carga de resolver conflictos complejos recaiga aisladamente en los directores de escuela, obligando a la estructura central a proveer las herramientas y lineamientos. - Objetivo de los Protocolos
Implicación: El alcance integral (prevenir, atender, canalizar) implica que la autoridad no puede esperar a que ocurra una tragedia para actuar. Debe haber estrategias proactivas antes del conflicto y rutas claras de salida (canalización) después de este. - Origen de la Violencia
Implicación: Reconoce formalmente una realidad creciente: la violencia ejercida por adultos (madres, padres y tutores). Esto valida legalmente que el docente puede ser víctima de las familias y obliga al sistema a protegerlo de actores externos al aula, no solo de estudiantes. - Protección de la Comunidad
Implicación: Evita la falsa dicotomía entre derechos del niño y derechos del maestro. El protocolo implica que para garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes, es requisito indispensable proteger también la integridad del personal que los atiende. - Medidas Inmediatas
Implicación: Elimina la burocracia en momentos de crisis. Ante una agresión sexual o física, la respuesta debe ser rápida y proporcional, permitiendo acciones urgentes de contención sin esperar largos procesos administrativos que pongan en riesgo a los involucrados. - Cobertura dentro y fuera
Implicación: Extiende la responsabilidad institucional más allá de la reja escolar. Si un docente es amenazado en la vía pública o por medios digitales (ciberacoso) por razones derivadas de su función, el protocolo debe ofrecer protección. - Respeto al Debido Proceso
Implicación: Esta es una de las garantías más críticas. Implica que ante una acusación, no se puede sancionar o linchar públicamente al docente automáticamente; se debe investigar primero, respetando su presunción de inocencia. - Protección ante Denuncias Falsas
Implicación: Protege contra el uso de denuncias infundadas o maliciosas como herramienta de extorsión o venganza. El sistema deberá tener filtros para identificar acusaciones sin sustento que dañan la carrera del docente. - Atención Multidisciplinaria
Implicación: Reconoce que el daño no es solo administrativo. Implica que la Secretaría debe disponer de recursos o convenios para ofrecer soporte legal y psicológico real, no solo «orientación» burocrática. - Cobertura a Ambas Partes
Implicación: Asegura la imparcialidad del protocolo. Al atender tanto a la presunta víctima como al señalado, el Estado evita sesgos y garantiza que el proceso sea justo y transparente para todos los involucrados. - Enfoque de Derechos Humanos
Implicación: Obliga a que los protocolos cumplan con estándares internacionales (como la Convención sobre los Derechos del Niño y derechos laborales), evitando medidas autoritarias o revictimizantes. - Creación de Instancia Formal
Implicación: Institucionaliza el apoyo. Ya no será un favor pedir ayuda; existirá una oficina o departamento específico encargado obligatoriamente de brindar asesoría y acompañamiento, estructurando la defensa del docente. - Mecanismo de Denuncia
Implicación: Rompe el miedo a represalias internas. Al permitir quejas anónimas, se faculta al personal para reportar abusos de autoridad o condiciones inseguras sin temor a perder su empleo. - Capacitación
Implicación: Ataca la raíz del problema: la ignorancia normativa. Obliga a directivos y supervisores a saber cómo manejar conflictos legalmente, reduciendo la improvisación que suele agravar los problemas. - Adición a la Ley Estatal de Educación
Implicación: Armoniza el marco legal. Al modificar el artículo 14 de la ley educativa general, se establece que la protección al docente es un pilar del sistema educativo estatal, no solo una medida de emergencia. - Garantía de Dignidad
Implicación: Convierte conceptos abstractos como honor y dignidad en bienes jurídicos tutelados. Si la autoridad permite que un docente sea humillado públicamente, estaría incumpliendo la ley. - Estabilidad Emocional y Laboral
Implicación: Vincula la salud mental con la seguridad laboral. Implica que el Estado debe prevenir el burnout o estrés traumático derivado de violencia y asegurar que un conflicto no signifique el fin automático de la carrera del docente. - Activación de Protocolos
Implicación: Elimina la inacción. Cuando ocurre una violación de derechos, la autoridad no «puede» actuar, sino que debe activar los protocolos obligatorios de acompañamiento jurídico.. - Plazo de Elaboración
Implicación: Pone un reloj al Ejecutivo. La Secretaría tiene 90 días hábiles (aprox. 4-5 meses) para materializar la ley en un manual operativo, impidiendo que la reforma quede en «letra muerta» por falta de reglamentación. - Participación Sindical
Implicación: Garantiza la democracia en la construcción de la norma. Los protocolos no serán impuestos unilateralmente; la voz colectiva de los trabajadores a través de sus sindicatos asegurará que reflejen las necesidades reales del gremio. - Colaboración Externa
Implicación: Legitima el proceso. La inclusión de organismos de derechos humanos asegura que el protocolo resultante sea equilibrado y respete los derechos de la infancia, blindándolo legalmente.
El documento completo se puede consultar aquí: