El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, señaló que ante la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) relacionada con el proyecto de la Torre Centinela, es indispensable permitir que el procedimiento avance conforme a la ley y evitar emitir juicios anticipados sobre el caso.
El funcionario indicó que más allá del señalamiento específico, lo relevante es fortalecer los principios de transparencia y buenas prácticas administrativas en el procesamiento de posibles faltas cometidas por servidores públicos, lo cual —dijo— responde a la convicción de la gobernadora Maru Campos de trasladar la rendición de cuentas del discurso a los hechos.
De la Peña Grajeda afirmó que con frecuencia en la vida pública se observan posturas anticorrupción basadas en discursos, pero con escasos resultados prácticos, por lo que consideró que el reto para Chihuahua es consolidar una política pública sustentada en acciones verificables y respeto al Estado de derecho.
Finalmente, sostuvo que si Chihuahua aspira a consolidarse como un estado de leyes, debe diferenciarse de otras entidades en materia de combate a la corrupción y transparencia, reiterando que la atención a casos como el de la Torre Centinela forma parte de un esfuerzo institucional por garantizar una administración pública responsable y sujeta al escrutinio ciudadano.