Chihuahua, Chih.– Una reciente resolución emitida por un Tribunal Colegiado ha generado preocupación entre las autoridades fiscalizadoras del estado, al abrir un debate sobre la competencia de los entes locales para auditar el uso de participaciones federales, advirtió el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta; Acosta informó que solicitará una reunión con diputados locales para analizar los alcances de la resolución y definir si en el ejercicio 2026 se continuará auditando el uso de participaciones federales. Dijo que se deberá decidir si se adopta el criterio del Tribunal Colegiado o si se defiende la postura de la Auditoría Superior del Estado a través de los medios legales correspondientes.
El funcionario explicó que la determinación judicial deriva de un conflicto de competencia entre un juzgado federal y uno del fuero común, ambos interesados en conocer de un mismo caso. Al resolver el asunto, el Tribunal Colegiado analizó la naturaleza jurídica de los recursos involucrados y concluyó que las participaciones federales conservan su carácter federal, por lo que su fiscalización y eventual sanción corresponderían exclusivamente a autoridades federales.
De acuerdo con Acosta, el fallo se sustentó en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual establece que las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas del manejo indebido de recursos federales deben ser determinadas por instancias federales. No obstante, señaló que dicho artículo se encuentra en el capítulo relativo a los fondos de aportaciones federales, y no al apartado que regula las participaciones federales, lo que, a su juicio, representa una interpretación incorrecta de la norma.
El Auditor Superior alertó que este criterio judicial podría tener consecuencias inmediatas, ya que en procesos de responsabilidad que se ventilen ante tribunales locales, las defensas podrían invocar esta resolución para argumentar falta de competencia tanto de los jueces estatales como de la Auditoría Superior del Estado.
Añadió que esta interpretación pone en riesgo un esquema de fiscalización que ha operado durante al menos dos décadas en el país, en el cual las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación suelen ser canalizadas a las instancias locales para su seguimiento y sanción.
