El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, consideró que la polémica en torno a la adquisición de camionetas para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se generó más por inconsistencias en el discurso público que por la compra de los vehículos en sí.
De la Peña explicó que la adquisición de unidades de transporte para servidores públicos suele obedecer a necesidades logísticas y de seguridad. Sin embargo, la controversia se intensificó cuando se afirmó que la compra de entre nueve y diez camionetas, cada una con un costo millonario, representaría un supuesto ahorro de hasta mil millones de pesos.
El funcionario indicó que esta información provocó gran interés en medios y redes sociales, especialmente tras confirmarse que los vehículos ya habían sido adquiridos pero no serían utilizados. Señaló que este tipo de mensajes genera molestia e incertidumbre entre la ciudadanía.
Santiago de la Peña enfatizó que los gobiernos deben actuar con total transparencia y que cada gasto público debe estar justificado. Advirtió que anunciar ahorros exorbitantes sin claridad ni congruencia en los números puede dañar la confianza ciudadana y cuestionar la gestión de los recursos públicos.