Chihuahua.- El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, manifestó su desacuerdo con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio marcha atrás a diversos artículos de la reforma a la Ley de Transporte de Chihuahua, al considerar que esta resolución limita las facultades de los estados para atender problemáticas locales, aunque subrayó que su partido acatará el fallo; enfatizó que cada día se acotan más la soberanía de las entidades.
El legislador señaló que este tipo de resoluciones representan un recorte constante a la soberanía de las entidades federativas, particularmente de los estados gobernados por la oposición, al reducir la capacidad de los gobiernos estatales para tomar decisiones en beneficio directo de la población en temas tan sensibles y locales como el transporte público.
Chávez afirmó que, al igual que ha ocurrido con otras determinaciones recientes de la Suprema Corte, se observa una tendencia a centralizar decisiones que impactan directamente a sectores productivos y de servicios en los estados, lo que dificulta la implementación de políticas públicas acordes a la realidad local.
Pese a expresar su inconformidad, el coordinador panista recalcó que su bancada respetará la resolución conforme al marco legal, al reiterar que el PAN cree en la democracia, en el Estado de derecho y en las instituciones. “No estamos de acuerdo, pero tendremos que acatar”, puntualizó.
Cabe recordar que la reforma a la Ley de Transporte de Chihuahua fue aprobada por el Congreso del Estado, la cual, según los propios actores políticos involucrados, el objetivo era modernizar el sistema de transporte público, actualizar los requisitos para concesionarios y operadores, y fortalecer la seguridad y calidad del servicio para los usuarios. No obstante, diversos artículos fueron impugnados mediante acciones de inconstitucionalidad por parte de diputados de Morena; La resolución del máximo tribunal del país, emitida recientemente, invalida varias disposiciones de la Ley de Transporte local aprobada por el Congreso estatal, al considerar que vulneran derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la igualdad y el principio de taxatividad en materia legal. Entre los artículos afectados se encuentran el 137, fracción III, que restringía el empleo de choferes con antecedentes penales, y el 168, fracción XV, que contemplaba sanciones ambiguas por agresiones verbales a inspectores, por lo que la Corte sostuvo que tales disposiciones no guardan relación directa con la seguridad ni con la calidad del servicio y generan efectos discriminatorios e incertidumbre jurídica para concesionarios y trabajadores.
