Chihuahua.- El senador por el PAN, Mario Vázquez, dijo que se le asesta otro golpe a la actividad ganadera en el país, y que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los morenistas no hacen ni dejan hacer, debido a la resolución de la SCJN que declaró inconstitucionales las medidas zoosanitarias implementadas por el Gobierno del Estado para contener el gusano barrenador y proteger el estatus sanitario del ganado chihuahuense, en medio del cierre de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado mexicano.
El senador panista cuestionó a quién beneficia esta determinación, al señalar que, en su opinión, ni se atiende el problema desde la federación ni se permite que los estados actúen para proteger su producción. Afirmó que los principales afectados son los pequeños productores, quienes se ven obligados a malbaratar su ganado debido a la imposibilidad de exportar, mientras que intermediarios y grandes empresas se benefician de los precios bajos.
Mario Vázquez acusó que el Gobierno federal ha desatendido la sanidad animal al reducir recursos presupuestales y debilitar al Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, lo que ha limitado la capacidad para contener enfermedades como el gusano barrenador. Recordó que, ante este escenario, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Sanidad Animal para que los estados tengan mayores facultades para defender su estatus sanitario.
Sostuvo que la resolución de la Corte también representa un retroceso para el federalismo y la soberanía de los estados, al centralizar decisiones en un Gobierno federal que, dijo, ha demostrado incapacidad para responder de manera oportuna, afectando directamente la producción local y la seguridad alimentaria del país.
El legislador explicó que Chihuahua representa cerca del 40 por ciento de la exportación de ganado a nivel nacional, por lo que el cierre de la frontera ha tenido un impacto económico severo para los productores, con más de un millón 200 mil cabezas de ganado afectadas y pérdidas que superan los 7 mil 700 millones de dólares, de los cuales una proporción significativa corresponde al estado.
Vázquez detalló que, ante esta situación, el Gobierno de Chihuahua y los productores, en coordinación con la Unión Ganadera, decidieron reforzar las medidas de revisión y control del ganado que ingresa al estado desde otras regiones del país, principalmente para evitar el contagio del gusano barrenador, problema que, aseguró, se concentra en un 95 por ciento fuera de Chihuahua, especialmente en el sur del país.
Recordó que dichas acciones se formalizaron mediante un acuerdo emitido por la gobernadora en noviembre de 2024, lo que motivó que el Gobierno federal interpusiera una controversia constitucional en abril de 2025. Si bien señaló que una sala de la Corte permitió que continuaran algunas medidas de contención, la resolución más reciente estableció que la facultad principal en materia de sanidad animal corresponde al Gobierno fe