“Nunca había visto que alguien festeje irse a una instancia federal como si estuviera celebrando la impunidad”, expresó el Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, ante la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito determinó que el fuero federal es el competente para conocer del proceso por el presunto peculado de 98.6 millones de pesos atribuido al exgobernador y actual senador Javier Corral Jurado. El titular de la FACH sostuvo que Corral debe rendir cuentas ante jueces de Chihuahua y que la Fiscalía agotará todas las instancias legales disponibles, incluido el recurso de reclamación, para revertir lo que calificó como un precedente lamentable.
A través de las redes sociales, la defensa del exmandatario estatal empezó a compartir desde el viernes que el órgano colegiado resolvió el conflicto competencial 20/2025 y ordenó a las autoridades estatales desistirse del caso y remitir el expediente a instancias federales.
La defensa del exmandatario recordó que solicitó a la Fiscalía General de la República atraer el asunto, al considerar que en Chihuahua no se garantizó el debido proceso ni los derechos de las víctimas y de la sociedad, y celebró públicamente la resolución judicial.
Al respecto, el fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, calificó la determinación como “inédita e inaudita” y anunció que la Fiscalía recurrirá la resolución una vez que sea notificada formalmente. Subrayó que, hasta el momento, no existe engrose ni notificación oficial del fallo, y que lo único que se ha conocido es la celebración anticipada de algunos de los imputados en redes sociales.
Valenzuela Holguín explicó que el conflicto competencial derivó de una audiencia en la que, dijo, un juez federal sostuvo de manera “furtiva” comunicación con un agente del Ministerio Público Federal para atraer una carpeta de investigación, lo que llevó a un juez de control a plantear el conflicto que finalmente resolvió el Tribunal Colegiado a favor del fuero federal. Insistió en que el asunto resulta aún más grave porque se trata de una carpeta actualmente suspendida, ya que uno de los imputados cuenta con inmunidad constitucional, por lo que ni siquiera podría ejercerse acción penal en este momento.
“El fondo del asunto se está desviando. Aquí lo relevante es la disposición, distracción y desviación de 98.6 millones de pesos que se entregaron a un particular por hacer absolutamente nada”, sostuvo el fiscal, al recordar que el despacho beneficiado fue requerido durante tres años por la Auditoría Superior del Estado para acreditar los trabajos contratados, sin que presentara evidencia alguna, y que posteriormente ocurrió lo mismo ante la Fiscalía Anticorrupción, limitándose los imputados a promover amparos.
El titular de la Fiscalía Anticorrupción recalcó que dichos amparos han sido sistemáticamente perdidos y que jueces federales habían venido reconociendo la competencia local, al tratarse de un delito de corrupción tipificado en el artículo 170 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Aclaró además que los recursos utilizados, aunque provienen de participaciones federales, son de libre disposición y, conforme al pacto federal, constituyen recursos estatales, no aportaciones federales.