La directora del Órgano Interno de Control, Carmen Hidalgo Posada, informó que, en lo que va del año, se han iniciado 128 expedientes por omisiones en la presentación de declaraciones patrimoniales, así como 77 investigaciones adicionales por posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos. Señaló que estas revisiones forman parte de las obligaciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Explicó que las investigaciones se dividen en dos categorías: faltas administrativas graves y no graves, además de omisiones en declaraciones patrimoniales y de intereses, documentos obligatorios al inicio y al final del encargo público. Cuando un servidor público no entrega su declaración correspondiente, se abre de inmediato un procedimiento formal.
Hidalgo Posada advirtió que, si el servidor público no soluciona la omisión, el proceso puede culminar en una inhabilitación de hasta un año, lo que impediría al infractor ocupar cargos en cualquier dependencia gubernamental durante ese periodo.
Finalmente, destacó que estas medidas buscan evitar que funcionarios con antecedentes de incumplimiento sean contratados en otras instituciones sin consecuencias, y reiteró el llamado a todos los servidores públicos a cumplir sus obligaciones de transparencia para fortalecer la rendición de cuentas en la administración municipal.
