Por: Eduardo Gómez Caballero, Briana Díaz Esparza y Representantes de Alianza del primero de junio de 2025
Un grupo de ciudadanas y ciudadanos integrantes de Alianza del primero de junio de 2025 expresamos nuestra profunda preocupación por la forma en que se ha desarrollado el proceso electoral para la designación de magistraturas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
Más allá de las prácticas de fraude electoral —que creíamos superadas y que, sin embargo, fueron evidenciadas públicamente con asombro generalizado y con la permisividad, o incluso posible complicidad, de las autoridades competentes—, advertimos con alarma el arribo a estos cargos de personas cuyos perfiles no fueron examinados rigurosamente conforme a los requisitos constitucionales de
elegibilidad. Ante la omisión del Instituto Estatal Electoral de verificar de forma exhaustiva el cumplimiento de dichos requisitos por parte de las personas más votadas, el día 18 de junio de 2025 presentamos formalmente ante el Tribunal Estatal Electoral una solicitud de nulidad respecto de las constancias de mayoría entregadas a las siguientes personas, sobre quienes se ha hecho pública información que permite
presumir la ausencia de uno o más de los requisitos constitucionales:
- Rubén Aguilar Gil
- José Luis Chacón Rodríguez
- Nyria Janette Trevizo Rivera
- Gloria Angélica Mendoza Beltrán
- Cristina Guadalupe Sandoval Holguín
- Emmanuel Chávez Chávez
- Gerardo Javier Acosta Barrera
- Marcela Herrera Sandova
En los casos de Rubén Aguilar Gil, José Luis Chacón Rodríguez, Nyria Janette Trevizo Rivera, Gloria Angélica Mendoza Beltrán, Cristina Guadalupe Sandoval Holguín y Emmanuel Chávez Chávez, se les exentó indebidamente de acreditar los requisitos legales por el solo hecho de ocupar cargos de secretaría de acuerdos en salas vacantes, sin ser magistradas o magistrados en funciones. Esta exención carece de sustento constitucional y constituye una forma de eludir el cumplimiento de la ley.
Asimismo, se ha hecho pública información que indica que Rubén Aguilar Gil, Nyria Janette Trevizo Rivera y Cristina Guadalupe Sandoval Holguín no reúnen el requisito de contar con un promedio académico igual o superior a 8. Además, Rubén Aguilar Gil, José Luis Chacón Rodríguez y Gloria Angélica Mendoza Beltrán no cuentan con experiencia comprobada de al menos tres años en la materia correspondiente a la magistratura por la que fueron electos.
Cabe destacar que tanto Rubén Aguilar Gil como Gloria Angélica Mendoza Beltrán
fueron designados como secretarios de acuerdos durante el desarrollo del proceso
electoral, lo cual no solo evidencia un uso estratégico e indebido de dichos
nombramientos, sino que apunta de manera directa a la utilización de cargos
públicos para cometer fraude electoral.
En cuanto a Gerardo Javier Acosta Barrera, aun siendo magistrado en funciones, se ha difundido información que hace presumir que tampoco cumple con el requisito del promedio académico mínimo.
Finalmente, en el caso de Marcela Herrera Sandoval, su currículum disponible en la plataforma oficial “Conóceles” evidencia la falta de experiencia y conocimientos acreditados en materia procesal familiar.- Su trayectoria se limita al ámbito académico y administrativo, lo que representa un riesgo para la adecuada impartición de justicia en una materia tan sensible como lo es la familiar.
La integración del Tribunal Superior de Justicia debe garantizarse a través de perfiles con trayectoria probada, conocimientos sólidos, ética profesional y compromiso con la independencia judicial. Ceder estos espacios a personas que no cumplen con los estándares legales y profesionales mínimos vulnera el Estado de Derecho y mina la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
Exigimos un Poder Judicial fuerte, legítimo e independiente, integrado por quienes verdaderamente tengan la preparación, la experiencia y la integridad necesarias para impartir justicia con profesionalismo y autonomía.
