Por: Maclovio Murillo
La jornada electoral del domingo primero de junio de 2025, que según conteo preliminar del Instituto Nacional Electoral, arrojó que la votación solo alcanzó como máximo, un flaco y escuálido trece por ciento del padrón electoral de ciudadanos mexicanos habilitados legalmente para votar, ha puesto al desnudo y evidenciado no solo que el gran ganador fue el abstencionismo con un ochenta y siete por ciento de electores que mostró su rechazo a la misma, al dejar de emitir su voto con el que la avalaría, sino también demostró lo que ya muchos sabíamos y habíamos anticipado: la reforma judicial no la pidió el pueblo ni la quiso ni la apoya el pueblo, como perversamente se argumentó al impulsarse, forzarse su aprobación y amarrarse la misma con métodos nada éticos que fueron mucho más allá de la indecencia.
Y es que no se explicaría, cómo es que si una reforma que destituyó anticipadamente a todos los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados y Jueces Federales, además de Magistrados y Jueces de la totalidad de los Estados de la República Mexicana, fue pedida por el pueblo, con la finalidad de sustituirlos y que ahora sean electos a través del voto popular, si sucede que el mismo pueblo no acudió a las urnas para expresar su voluntad y elegir libremente a quienes en lo futuro, serán sus juzgadores.
El nivel de abstencionismo demuestra que el motivo invocado para reformar el sistema de justicia y liquidar a todos sus titulares, no fue un anhelo cumplido del pueblo mexicano, sino que lamentablemente solo se trató del resultado de una venganza política del partido MORENA, con la finalidad de eliminar a quienes no fueron particularmente obsequiosos con sus fallos a modo que pedían, durante el mandato del ex presidente AMLO, quien además, por haber sido desaforado en el pasado reciente del cargo de Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, por incumplir una sentencia de amparo, tuvo motivos personalísimos para crear y alimentar una campaña de odio en la cual, un día sí y el otro también se dedicó a denostar a los juzgadores en general, tachándolos de corruptos sin ofrecer una sola prueba que justificara su dicho, a la par que defendía ferozmente a sus cercanos colaboradores, precisamente de lo mismo que acusó.
La abstención del ochenta y siete por ciento de ciudadanos con credencial para votar, no solo debe interpretarse como sinónimo de apatía o un desaire de la apabullante mayoría a elegir juzgadores, sino más bien como un rechazo implícito a la reforma realizada a nombre de un pueblo que no solo no la quiere ni la pidió, sino la rechaza y por eso no vota por ella, rehusándose por ese motivo a ejercer el derecho de elegir a sus juzgadores.
Muy comprensible y congruente es la actitud del pueblo mexicano, pues si en su sabiduría está cierto de que las elecciones a través del voto directo no han eliminado la corrupción de los Diputados, Senadores, Presidentes Municipales, Gobernadores y Presidentes de la República, a quienes se les elige a través del sufragio desde hace ya más de cien años, entonces resulta indudable que el voto popular y la elección de juzgadores a partir del mismo, tampoco será un antídoto viable para eliminar la corrupción judicial y más bien la fomentará, al tenerse hoy juzgadores comprometidos políticamente con quienes los palomearon, aprobaron y pusieron en los acordeones utilizados por la borregada que obedientemente fue a votar por quienes les fue indicado, bajo la amenaza que de no hacerlo se le cancelarían sus privilegios y pensiones de bienestar.
No obstante el fracaso de la elección, sus impulsores y los usufructuarios de la misma, desde hoy estarán regodeándose de felicidad, por un resultado que en todo caso debiera llenarlos de vergüenza e insatisfacción, pero de eso, nada hay, estamos en una transformación en la que los valores y principios no son tomados en cuenta.
¡Así, es cuanto!
