Por: Víctor M. Quintana S.
Un buen gobierno debe tener una cualidad muy poco mencionada: saber leer lo que hay detrás de los movimientos y la inconformidad ciudadana. Si no la tiene, su analfabetismo tiene funestas consecuencias para las personas gobernadas y para el poder establecido.
Eso sucedió el pasado 8 de marzo en Chihuahua: Una vez más el Ejecutivo del estado mostró su incapacidad de comprender a los movimientos de mujeres, y también su talante represor y asfixiante de las voces de las chihuahuenses.
No basta con que Chihuahua haya sido uno de los últimos estados en que se despenalizara el aborto y eso a pesar de la mayoría prianista y secuaces en el Congreso. No basta con que sea de las últimas entidades en legislar sobre la violencia vicaria, una de las últimas en las que no se admita el divorcio unilateral o incausado y en las que se demanden más años de convivencia para aceptar el concubinato. Todo ello en perjuicio en primer lugar de las mujeres.
Para el gobierno del estado tampoco es argumento sólido para fundamentar la protesta de las mujeres el que en los tres años y medio de la actual hayan sido asesinadas 700 mujeres y haya habido 150 feminicidios, de los que el 95% sigue impune. Ni el hecho que Chihuahua encabece al país en violaciones y en violencia familiar.
No. Eso no bastó para que el gobierno del estado tuviera una actitud de apertura con la marcha manifestación de las mujeres. Volvieron a poner las millonarias vallas en la periferia del Palacio de Gobierno. Una gobernante bunkerizada ante la justa rabia de sus congéneres.
Pero ni eso detuvo la energía del movimiento. Fue concurrido y participado, y diverso como nunca lo ha sido mitin o marcha alguna de partido político. Espontáneo, creativo e irreverente.
Se equivocan quienes piensen que la protesta del sábado 8 se agotó en la dimensión simbólico-expresiva de la acción. Que sólo fue una catarsis de agravios, frustraciones y agresiones. Fue eso, pero mucho más también. Porque ahora este movimiento tuvo –tiene- una dimensión de denuncia, clara, fundamentada, y de exigencia inequívoca de fin de la impunidad machista y de justicia. Para captarlas hay que superar el analfabetismo gubernamental y leer todo lo que está atrás de las pintas, cartulinas, murales y grafiti:
En primer lugar hay un hartazgo ante la violencia de los feminicidios, de las violaciones, de las lesiones contra las mujeres.
Las mujeres también se hacen portavoces de las y los niños abusados, denuncian la pederastia, con nombres y apellidos.
Con nombres, apellidos y cargos señalan también a violadores, a acosadores. No sólo a los callejeros, a los que atacan en la oscuridad o en despoblado. También a los que desde la cátedra o desde la oficina o el pupitre las atropella. A los funcionarios públicos que aprovechan su cargo para hostigar.
Denuncian con pelos y señales a muchos deudores alimentarios, a quienes se desafanan de sus hijas e hijos y dejan su manutención y los cuidados a cargo de la esposa o concubina. También exponen casos de violencia vicaria, donde los esposos-padres usan a los hijos para agredir a las esposas-madres, manipulándolos, ausentándolos, envenenando sus mentes.
Ante toda esa diversidad y riqueza –así sea desordenada- de manifestaciones el gobierno local sólo respondió con muros y represión. Llegó a tanto que cobardemente disfrazó de civil a varios agentes de policía y más de una docena de ellos golpearon, gasearon, arrastraron y condujeron a las patrullas a tres mujeres manifestantes, encarcelaron a dos de ellas que fueron luego liberadas por la presión del movimiento y a la tercera la enviaron al hospital.
Pero eso no se puede leer desde el analfabetismo gubernamental. Al Ejecutivo, a la mayoría automática del Legislativo y a buena parte del Judicial del estado de Chihuahua le interesa más cuidar muros y monumentos que cuidar a las mujeres, como señala certeramente uno de los carteles del sábado pasado.
