Se plantan frente a Palacio maestros cesados de las Secciones 8 y 42 y Los de Abajo Organizados; exigen solución para 14 casos y amagan con tres días de resistencia civil

Un grupo de maestras y maestros federales y estatales cesados o que aseguran haber sido víctimas de violencia institucional se plantaron este miércoles frente a Palacio de Gobierno para exigir solución a 14 casos que, afirman, llevan más de un año sin respuesta por parte de autoridades educativas del estado.

Los docentes, pertenecientes a las Secciones 8 y 42 del SNTE, señalaron que entre los afectados se encuentran, entre otros, Luis Carlos Hernández Lazos, José Manuel Rubio, Adriana Terrazas Mesa y Brenda Pérez, quienes —aseguran— han sido separados de su trabajo o han enfrentado omisiones institucionales sin que sus demandas hayan sido atendidas.

Durante la protesta, denunciaron además que algunos compañeros habrían recibido llamadas para no presentarse a la manifestación, bajo el argumento de que sus casos serían resueltos si se mantenían al margen.

“El sindicato le habló a varias compañeras de esta lista y les dijeron que no se presentaran el día de hoy, que les iban a resolver. Ellos saben quiénes fueron las personas que les hablaron”, afirmó uno de los manifestantes.

Los inconformes acusaron también una presunta injerencia sindical en asuntos administrativos de la educación, lo que —dijeron— ha impedido que los casos se resuelvan de manera justa.

“No se vale que el sindicato tenga la injerencia en la educación. Queremos las manos fuera del sindicato dentro de educación”, expresó la maestra Rosa Lilia Cardona Muñoz durante el posicionamiento frente a medios.

Uno de los maestros afectados, Luis Carlos Hernández Lazos, relató que, pese a contar con 24 años de servicio como profesor de Español, nunca se le otorgó un interinato ni incremento de horas, aun cuando en su plantel existían vacantes.

“Vine más de 10 veces a Chihuahua y nunca dieron la cara. Había horas de español disponibles y prefirieron que los muchachos estuvieran meses sin maestro”, denunció.

Explicó que su cese se dio tras aplicarle la llamada “ley de ausencias”, al ser señalado por no presentarse cuatro días a laborar, situación que —aseguró— se derivó de un cambio administrativo que nunca se concretó.

“Simple y sencillamente me dijeron que ya no tenía cupo en la escuela y que ya me habían dado la hoja de cese. Nunca hubo comunicación previa”, señaló.

Los manifestantes sostuvieron que algunos de los casos corresponden a docentes ya cesados, mientras que otros continúan activos pero enfrentan hostigamiento, omisiones administrativas o procesos que consideran injustos.

La maestra Shumiko Ortiz precisó que dentro del movimiento no todos los docentes han sido cesados, pues algunos continúan en activo pero aseguran enfrentar omisiones y violencia institucional desde hace tiempo. Señaló que varios maestros no se han atrevido a hacer públicas sus situaciones por temor a represalias, pese a que —dijo— los casos existen y forman parte de la problemática que hoy denuncian.

Indicó que los docentes han seguido los canales institucionales y procesos establecidos para intentar resolver sus casos, sin obtener respuesta. “Si ya soltaron toda esta parte de mediación y protocolos, lo que corresponde es sentarnos a negociar y resolver las situaciones; no hacer caso a estas problemáticas también es otra forma de violencia”, manifestó, al cuestionar que existan lineamientos y mecanismos que, en la práctica, no se activan.

Ortiz sostuvo que los afectados cuentan con documentos y pruebas de las irregularidades que han denunciado, pero aun así no han recibido solución. “No estamos pidiendo que nos ayuden; estamos pidiendo que resuelvan situaciones que se generaron dentro de la propia institución. Son omisiones y violencias que incluso han reconocido”, afirmó, al advertir que la falta de atención por parte de autoridades educativas ha provocado un daño integral a docentes y personal de apoyo.

Acusaron que funcionarios educativos han dejado de recibirlos pese a que llevan más de un año tocando puertas en busca de una solución.

“Tenemos más de un año aquí tocando puertas en favor de los maestros cesados y violentados y no han dado respuesta”, reprocharon.

Ante ello, hicieron un llamado directo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván para que intervenga personalmente en la resolución de los casos.

“Queremos que la gobernadora tome en sus manos el tema de los maestros cesados. Aquí están 14 docentes que perdieron su fuente de trabajo y cuyas familias han sufrido por mucho tiempo”, manifestaron.

Los docentes también cuestionaron el recientemente aprobado Protocolo de Protección para las Personas Trabajadoras de la Educación (aprobado este 3 de marzo, pero aún no publicado en el Periódico Oficial del Estado) asegurando que la realidad que viven contradice esas declaraciones.

“Aquí están los 14 docentes cesados y violentados. ¿Cuál protección tienen los maestros en Chihuahua? Son puras mentiras”, afirmaron.

Advirtieron que permanecerán en el lugar y realizarán tres días de resistencia civil magisterial si no se establece una mesa de diálogo y una ruta de solución para los casos denunciados.