• Investigadores de la FEDH le ejecutaron una orden de aprehensión a Iván Arturo G. P. en un domicilio de Ciudad Juárez y lo trasladaron a Chihuahua para que se le dicte la pena que deberá cumplir por los delitos de feminicidio y robo agravado.
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos, reportó la reaprehensión de Iván Arturo G. P., quien se encontraba prófugo de la justicia por el feminicidio de la activista Mireya R. L., ocurrido en el año 2020.
Los investigadores de la Unidad de Violaciones de Derechos Humanos, ejecutaron la orden de aprehensión la tarde de ayer 03 de abril en un domicilio ubicado en la calle Cedros del Acantilado, del fraccionamiento Urbivillas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El detenido fue trasladado a la ciudad de Chihuahua capital, en donde se llevará a cabo la audiencia de individualización de sanciones para que se le dicte la pena que deberá cumplir en prisión por los delitos de feminicidio y robo con penalidad agravada.
Las indagatorias seguidas por el Ministerio Público en relación con el hecho, determinaron que entre las últimas horas del 29 de agosto de 2020 y primeras horas del 30, el acusado estuvo en el domicilio de la víctima, donde la atacó con un arma punzocortante logrando privarla de la vida, para luego robar su carro y su celular.
Cabe recordar, que el procesado quedó en libertad tras dictarse una sentencia absolutoria por parte de un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, por lo que el equipo legal de la FEDH, tramitó diversos recursos legales que permitieron obtener una sentencia condenatoria por parte de un Tribunal de Alzada.
En vida, la víctima Mireya R. L. fundó y presidió la organización Unión y Fuerza de mujeres Trans Chihuahuenses, dedicándose a defender los derechos de las personas trans además de promover la prevención del VIH-SIDA.
La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada reafirma su compromiso para una persecución de los delitos y una procuración de justicia, efectiva que proteja los derechos fundamentales de personas defensoras de los Derechos Humanos.
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